Hay que estar vivo y residir en República Dominicana para ser testigos de cosas insólitas, como la desfachatez, por supuesto que en grado superlativo, de ver a políticos y funcionarios (electos y designados) sub júdice haciendo opinión pública y hablando de moral.
¿Y con qué cara podría presentarse un “ciudadano” bajo investigación por corrupción (o por lo que fuera) ante una cámara de televisión y ofrecer una opinión sobre un tema relacionado con su causa judicial? Sub júdice es una locución latina que significa que está pendiente de fallo judicial.
Predicar con el ejemplo, o sea, callarse hasta tanto se decida su caso (porque cualquier cosa que diga podría ser utilizada en su contra) sería la mejor decisión o consejo. De esta forma, aunque sea mentira, guardarían la forma ante la opinión pública.
Otra forma de predicar con el ejemplo, y esto va para aquellos que están en ejercicio público, es hacer la debida declaración jurada de patrimonio. De esta forma, hay que decirlo, se cumpliría con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) y a su Reglamento de Aplicación (Decreto 92-16).
¡Pero vaya usted a ver! Hay funcionarios (electos y designados) que predican la moral en calzoncillos. Hablan de respeto al ordenamiento jurídico, pero son los primeros que desoyen su mandato.
Sólo hay que leerse el quinto boletín del Laboratorio Social P. José Antonio Esquivel, del Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano (PEDD), de la PUCMM y el Centro de Estudio Juan XXIII. Decenas de funcionarios (imagine usted el grado) depositaron su declaración jurada de patrimonio sin la debida fotocopia que certifique su pago anual de impuestos, como lo establece el Decreto 92-16.
La Cámara de Cuentas certifica la existencia de 21 diputados que todavía violan la Ley 311-14, dado que no han presentado su declaración. Y repito: muchos de los que no han mostrado su patrimonio les encanta salir en la prensa hablando de moral y transparencia.
