La jueza federal responsable de la quiebra de la multimillonaria deuda de Puerto Rico, Laura Taylor, denegó la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se superpone al Ejecutivo de nombrar a Noel Zamot como máximo responsable para la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE).
La magistrada determinó que los poderes otorgados a la entidad de control federal gracias a la normativa aprobada por el Congreso en Washington no es suficiente para limitar las decisiones del Gobierno que lidera Ricardo Rosselló en la AEE, la primera corporación estatal de la isla.
Taylor indicó que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada en junio de 2016 por el Congreso de Estados Unidos, no da poder a la JSF para intervenir de una manera tan directa en la AEE.
“Estamos muy complacidos con la decisión emitida hoy por la jueza Laura Taylor debido a que reitera nuestra posición sobre el límite de poder que tiene la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo tras conocer la información en un comunicado el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, desde Washington.
“Hemos sido claros desde el primer día en cuanto a los poderes que tiene la Junta y los que no posee. Queda claro que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene el poder de tomar control del Gobierno en pleno ni sus ‘instrumentalidades'”, indicó el jefe del Ejecutivo.
Sostuvo que la posición del Gobierno queda validada con la decisión de la jueza y se reconoce que la administración y la gestión pública de Puerto Rico permanece con el Gobierno democráticamente electo.
“Como gobernador de Puerto Rico defenderé los derechos democráticos de mi pueblo por encima de cualquier reto y en cualquier foro”, indicó.
Dijo que reconoce que la reconstrucción y recuperación de la isla requiere unión de voluntades y que, por lo tanto, se da la bienvenida “a cualquier colaboración o apoyo técnico que la Junta quiera brindar al Gobierno electo por los puertorriqueños para asegurar los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”.
La JSF ha mantenido durante los últimos meses un enfrentamiento con el Ejecutivo de Rosselló por el control efectivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que arrastra una deuda impagable de cerca de 70,000 millones de dólares que provocó que el Congreso en Washington aprobara la ley Promesa.
Esa norma, concebida para abordar el asunto de la deuda, establece la JSF, que para el Gobierno de Rosselló ha tratado en ocasiones de usurpar las funciones del Ejecutivo desbordando la ley que la estableció.
