América Latina quiere avanzar en el Acuerdo de París, pero exige para ello a las economías industrializadas que empiecen a aportar de forma urgente y previsible los fondos que prometieron en el ámbito de la lucha contra el cambio climático.
Sus posturas son coincidentes en estos ámbitos, como quedó claro este jueves cuando los ministros de la región intervinieron ante la plenaria de la Cumbre del Clima de Bonn (COP23), que se celebra desde la semana pasada y finaliza mañana.
La región latinoamericana se alinea así con los postulados que defienden los países en vías de desarrollo durante esta cita, donde se están evidenciando ciertas tensiones entre las economías industrializadas y las emergentes.
La ministra de Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, portavoz además del Grupo de los 77 y China, defendió en una entrevista con Efe la importancia de la “corresponsabilidad” de todos los países en la lucha contra el cambio climático.
No obstante, precisó que también es necesaria la “diferenciación” entre países, teniendo en cuenta cuestiones como cuándo empezaron a contaminar, sus posibilidades económicas y su exposición a los efectos del calentamiento global.
Es clave, argumentó, que las economías avanzadas, por “responsabilidad histórica”, apoyen a los países en vías de desarrollo en los ámbitos financiero, tecnológico y formativo.
“Hemos tenido varios éxitos en la negociación, pero la parte dura de la operación, que es el financiamiento, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades, es algo que todavía está entrampado”, explicó.
A su juicio son necesarios “recursos nuevos, predecibles y sostenibles a lo largo del tiempo para poder implementar” los compromisos nacionales.
En la actualidad hay un “gran vacío” financiero entre lo prometido y lo implementado, empezando por el Fondo Verde para el Clima, que debe contar con 100,000 millones de dólares al año a partir de 2020, y que los países desarrollados aún no han establecido cómo se va a sustentar.
El dinero sí que está ahí, pero es una cuestión de “prioridad” y “responsabilidad”, según la canciller, que señaló que “quizá un poquito” del presupuesto militar de algunos países avanzados podría dedicarse a cambio climático.
El ministro boliviano de Medioambiente, Carlos Ortuño, exigió en la plenaria a los países desarrollados que “incrementen sus compromisos” de forma urgente para suplir el “vacío” que ha provocado la salida “irresponsable” de EE.UU. del Acuerdo de París.
Mientras que la ministra de Medioambiente del Perú, Elsa Galarza, explicó que su país quiere que “los esquemas de financiamiento puedan fluir de una forma más rápida”, sean más flexibles y estén cuanto antes operativos, para lo que necesitan que las economías avanzadas cumplan con su parte.
“Venimos a la COP a decir que necesitamos implementar. No podemos esperar”, afirmó en una entrevista a Efe Galarza, que como otros ministros de la región recordaron la devastadora temporada de huracanes en el Caribe.
También pidió que no se alteren los criterios establecidos para obtener estos fondos y que no se excluya a los países de ingresos medios, para que no sea “un castigo” crecer económicamente.
El ministro de Medioambiente y Recursos Naturales de México, Rafael Pacchiano, pidió en su intervención una “movilización expedita, transparente y previsible de financiamiento”, añadiendo que este dinero debe ser “tanto público como privado”.
En este mismo sentido se posicionó ante la plenaria el ministro de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Sergio Bergman, quien reconoció que su país precisa “tecnología y fondos”, y subrayó que “los que más contaminaron, las economías más fuertes, son las primeras que tienen que poner los recursos”.
“Las discusiones son técnicas, pero el debate es ético”, apostilló.
En una entrevista con Efe, el titular chileno de Medioambiente, Marcelo Mena, introdujo además la necesidad de dotar de “flexibilidad” al sistema de contribuciones para que se adapte a una “realidad dinámica” y de fijar criterios de “transparencia” en los mecanismos de reporte de emisiones.
A su juicio, sería positivo establecer un ente regional en América Latina que siguiese las evoluciones de los países en su lucha contra el cambio climático y consideró “bastante inevitable” la puesta en marcha de un mercado regional de derechos de emisión.
