Una producción que cayó en picado, tres meses sin adjudicación de divisas y un dólar paralelo que crece desbocado mientras el Gobierno no deja de aumentar salarios y el Banco Central inunda el sistema de unos bolívares cada vez más devaluados es el cóctel explosivo con el que cierra el año Venezuela
Los precios de bienes y servicios en el país petrolero están ya en una estratosfera que parece no tener techo y el Gobierno insiste en las mismas políticas que según los economistas han llevado a lo que describen como un desastre.
Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), que publica estadísticas periódicas sobre el costo de la vida, el precio de los alimentos necesarios para sostener a una familia promedio aumentó en octubre un 47.9%, la mayor subida en 20 años.
La firma de análisis financiero Econométrica calculó para octubre una inflación del 50.6%, que hacía que este indicador superara por primera vez en la historia el umbral del 50% y Venezuela entrara técnicamente en hiperinflación.
Este fenómeno de precios desbordados se define por el descalabro del poder de compra en una moneda local en la que nadie ahorra al anticiparse su mayor depreciación, una dinámica que lleva a que se dispare la demanda de una moneda extranjera estable (el dólar, en este caso) y a que los precios se fijen según la cotización de esa divisa.
Todas estas circunstancias se dan actualmente en Venezuela, cuyo camino a esta situación se ajusta también a las causas canónicas de la hiperinflación: la reducción de bienes, debido a la destrucción de la industria nacional, y la expansión brutal de la base monetaria.
Desde que comenzó en 1999 la llamada revolución bolivariana, los Gobiernos chavistas han subido el salario mínimo en más de 40 ocasiones, 5 de ellas este año, con el objetivo de hacer frente a la subida de precios y con unos resultados contraproducentes.
Productos como el café o el azúcar, que Venezuela generaba en el pasado, han desaparecido prácticamente de la industria nacional tras nacionalizar el Estado algunas de las grandes empresas productoras.
Su precio, y el de casi todos los demás bienes esenciales, se ha disparado y ahora son un lujo para muchos venezolanos.
Esta combinación de más dinero nominal circulando y menos bienes en oferta ejerce presión sobre los costos de todos los productos, en un mercado que cada vez depende más de las importaciones ante la incapacidad de cubrir la industria interior las necesidades del país.
Para importar, las empresas necesitan dólares, y la caída de los precios del petróleo, sumada al deterioro de una empresa petrolera estatal que registró en octubre su mínimo de producción en 28 años, ha reducido de forma dramática los ingresos en divisas del Estado.
Desde 2003, el Estado venezolano tiene el monopolio de la venta de divisas, y las ofrece a una tasa controlada, mucho más baja que la que se maneja en el mercado libre.
Esta bajada del ingreso exterior ha disminuido las importaciones de empresas públicas y privadas, y estas últimas se han visto obligadas a recurrir al mercado paralelo -donde el dólar no para de subir debido a una demanda cada vez mayor- para poder traer de fuera los productos que ya no encuentran en Venezuela.
Los precios a los que deben vender lo que importan con dólar paralelo son mucho más altos que los que podrían poner si recibieran las divisas a la tasa subvencionada, aunque también cuando el bien es de producción nacional, o se ha importado con dólares oficiales, sufre las consecuencias de la depreciación del bolívar.
“El cambur (banana) se planta aquí, pero los desinfectantes vienen de fuera, como los cauchos (ruedas) del camión que los trae, y el agricultor y el transportista los compra con dólar paralelo”, dice a Efe un tendero portugués, mientras se queja de las leyes que limitan los precios tomando como referencia el cambio que fija el Estado.
La reducción en la asignación estatal de divisas se ha agravado en los últimos tres meses, en los que el Gobierno ha dejado de otorgar divisas, pues necesita apartarlas para pagar la deuda externa.
Por si fuera poco, el Estado venezolano ha visto limitada su capacidad de maniobra en el sistema financiero internacional, por las sanciones de Estados Unidos y las sospechas de actividades ilícitas generalizadas entre unos bancos cada vez más reacios a trabajar con Caracas y más minuciosos en sus controles.
