El Gobierno de Puerto Rico teme que la la reforma fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea el golpe de gracia para una economía en declive y muy debilitada por el huracán María, que causó pérdidas por miles de millones de dólares.
La reforma abanderada por Trump tiene como objetivo que la actividad manufacturera retorne al país norteamericano para que crezca la economía, pero no tiene en cuenta que en el caso de Puerto Rico, considerado como territorio foráneo fiscalmente, provocará una carga financiera para las compañías estadounidenses.
A efectos tributarios la isla, definida como un Estado Libre Asociado a EE.UU., es un territorio foráneo para Washington, aunque jurídicamente las empresas manufactureras que operan allí lo hacen bajo normativa estadounidense.
Los efectos de la reforma para Puerto Rico son, sobre el papel, de magnitud decisiva, ya que su economía se sustenta en gran medida gracias a unas empresas manufactureras mayoritariamente estadounidenses que llegaron a contratar a cerca de 150.000 empleados, con los salarios más altos del mercado laboral.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, no ha querido perder un minuto y tras la aprobación de la reforma fiscal viajó a Washington para buscar que el Estado Libre Asociado no sufra el segundo huracán que el Ejecutivo de San Juan piensa que significará el paso dado por el Congreso en Washington.
La clave para entender los miedos del Ejecutivo de San Juan está en que la reforma fiscal deja a Puerto Rico como un territorio extranjero a nivel tributario, lo que significa que las empresas manufactureras encontrarán más caro operar en la isla caribeña, lo que aventura una salida generalizada de estas compañías.
José Joaquín Villamil, presidente de la firma de consultoría en economía Estudios Técnicos, señaló a Efe que la principal consecuencia será una limitación en la capacidad de Puerto Rico de atraer empresas.
El economista, consultor de varias organizaciones internacionales, incluida la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, sostuvo que la dificultad para que las compañías se instalen es resultado de una normativa que aumenta la tributación para las empresas que operen en la isla y la reduce en Estados Unidos.
Otro analista, Santos Negrón, antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, señaló a Efe por su parte que el Gobierno depende en gran medida de los impuestos que obtiene de las empresas manufactureras para su financiación, por lo que las consecuencias de la reforma fiscal serán muy importantes.
“Se reduce a partir de ahora el poder del atracción para las empresas al aparecer -Puerto Rico- como un territorio foráneo”, sostuvo el economista, para quien las consecuencias de que la isla sea considerado un territorio extranjero tiene su raíz en la falta de representación del Estado Libre Asociado en el Congreso en Washington.
La reforma federal impone penalidades y contribuciones a las compañías de Estados Unidos que tienen operaciones foráneas y las incentiva a traer sus operaciones de manufactura de vuelta al país norteamericano, lo que San Juan cree que va a pasar en la isla de forma inmediata.
El Gobierno de San Juan ha mantenido durante las últimas semanas ante Washington el discurso de que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y no debería ser tratado como un país extranjero a nivel tributario, aunque no ha servido para nada ante los congresistas.
La Ley de Reducción de Impuestos y Empleos supondrá la imposición de un impuesto del 12.5% sobre la propiedad intelectual de las empresas con operaciones en territorio de Puerto Rico.
Además de aumentar los impuestos a las empresas, el proyecto de ley niega el acceso de las familias en Puerto Rico al Crédito Tributario por Hijos o al Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo.
El Gobierno de Puerto Rico estima que el previsto éxodo de las compañías manufactureras hacia otros territorios con menores cargas fiscales supondrá el golpe definitivo a una economía que lleva 10 años sumida en una profunda crisis y tiene una deuda impagable de 70,000 millones de dólares en proceso de reestructuración judicial.
El huracán María que en septiembre arrasó la isla dejando unos daños calculados en 94,000 millones de dólares fue un castigo excesivo que algunos economistas prevén puede quedarse pequeño en comparación con lo que supondrá la reforma fiscal de Trump para Puerto Rico.
Algunos miembros del Gobierno de Puerto Rico hablan de que se podrían perder entre 75,000 y 250,000 empleos entre directos en indirectos.
