He cruzado muchas veces frente a las instalaciones de Barrick Pueblo Viejo, provincia Sánchez Ramírez. Viajo con frecuencia a esa zona por razones familiares. Me ha llamado la atención ver durante los últimos meses a un grupo de campesinos encadenados frente a esta minera.
Me resulta muy penoso ver a personas protestando con el riesgo de ver sus vidas o integridad física en peligro. No sé si tienen razón o no, pero entiendo que la respuesta de las autoridades y de la minera debió haber sido más diligente. No creo que este escenario beneficie en nada la imagen de la multinacional, que se ha visto envuelta en situaciones muy difíciles, pero tampoco de los funcionarios locales y nacionales que debieron haber hecho algo.
Hay que reconocer que entre quienes protestan puede haber mansos y cimarrones, pero lo que no se puede ocultar es que hay derechos adquiridos por muchas familias de la zona que ahora no pueden trabajar en sus predios. En la mayoría de los casos son terrenos del Estado que durante muchos años fueron usufructuados por los habitantes de la zona que no tenían otra opción de vida.
El hecho de que sean 600 familias o sólo 20 no es lo más relevante en este caso; lo importante es evitar que esta protesta se convierta en una excusa para que otros sectores se aprovechen de las razones que tengan estos campesinos y la capitalicen para sí. Las mineras tienen un alto rechazo en el mundo y Barrick no es la excepción.
Sin embargo, en este caso quizá sea un reclamo a las autoridades porque no se han sabido manejar en este tema. Los campesinos se quejan de la contaminación, pero más que eso lamentan no haber recibido una indemnización por los derechos que dicen tener sobre esas tierras. Apuesto a una minería responsable. Creo que esta industria ha sido fundamental en el desarrollo de la humanidad y lo seguirá siendo. Sin embargo, primero debe estar el ser humano. Sin ánimo de buscar culpables, hay que darle solución a esta situación.
