El Ministerio de Energía y Minas declaró que el país necesita con urgencia establecer un nuevo bloque de normas en el sector para que las inversiones mineras no sean valoradas a partir subjetivismo, el capricho, el fundamentalismo y las posturas ideologizantes.
El ministro Antonio Isa Conde dijo que en minería se requiere garantizar certidumbre a la inversión y tomar decisiones en función de la conveniencia del país, a corto, mediano y largo plazo.
Destacó tres normativas que –desde su punto de vista-son fundamentales para impulsar una reforma que fortalezca la base institucional de las inversiones mineras, como las leyes de Ordenamiento Territorial, de la Minería Nacional y de Uso de los Fondos Mineros.
Indicó que el país queda muy mal ante los mercados internacionales en cuanto a su reputación como receptor de capitales cuando una empresa invierte recursos en exploración siguiendo las normas y los requisitos legales establecidos para luego, al dar el paso siguiente hacia la explotación, encontrarse impedimentos sin base legal.
“No podemos obviar que –al margen del desfase legal y de las debilidades institucionales que arrastramos- nos afecta una dualidad vivida en América Latina con la industria extractiva: impactos medioambientales negativos, falta de beneficios tangibles para las comunidades y el desarrollo local”, indicó el ministro.
Apuntó que el bloque de leyes antes citado conduce a aplicar correcciones a devolver confianza a los ciudadanos en la minería, afectada por malas prácticas del pasado y regulaciones aplicadas con distorsiones y discrecionalidad.
Isa Conde abogó porque lo antes posible el proyecto de Ley de Minería Nacional sea presentado al Congreso Nacional, con el objetivo de sentar las bases de una industria extractiva ambiental, social y económicamente sostenible, creando –entre otras cosas- un nuevo orden en la distribución de beneficios Empresa Privada-Estado.
Indicó que ese marco legal es necesario para eliminar la percepción fundamentada en ejemplos emblemáticos de que cada concesión minera es una trampa para dos perdedores: El Gobierno y las comunidades.
“Esta iniciativa –conjuntamente con una Ley sobre el Destino y Uso de los Fondos Mineros cuya propuesta estamos elaborando- puede contribuir a rescatar la confianza en el desarrollo de la industria minera y a bloquear la discrecionalidad de los funcionarios, generadora de corrupción y atraso que tanto daño ha hecho a este país”, proclamó Isa Conde.
Explicó que el fin ulterior de todos los esfuerzos que hace el ministerio por el fortalecimiento institucional es mejorar la calidad de la gobernanza extractiva, que se fortalece con el cumplimiento del Estándar Internacional de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) al cual se ha adherido la República Dominicana.
“De esta manera podremos establecer una plataforma de confianza basada en un orden institucional y normativo para que, al desembarcar en el país, el inversionista de la industria extractiva sepa a qué atenerse, con la seguridad de que siempre contará con el imperio de la ley por encima de la politiquería, el clientelismo y el populismo, una triada nefasta que imprime el sello del retroceso en nuestro país”, dijo Isa Conde.
