El Gobierno dominicano ha mantenido una política de control del déficit fiscal con base a una serie de estrategias que no necesariamente resultan en una mayor disciplina del gasto público.
Lo ideal sería que cada año el Gobierno se concentre en reducir el gasto público y en aumentar sus recaudaciones, de forma que la brecha entre lo ingresado y lo gastado sea mucho menor. De esa forma, al cabo de un tiempo, podría llegar el momento del equilibrio, en que lo ingresado sea igual a lo gastado o mayor, con lo que se produciría un superávit.
Pero la realidad ha sido distinta. En los últimos seis períodos gubernamentales, el Gobierno ha incrementado cada vez más sus gastos, mientras los ingresos crecen en una forma menor, por lo que el déficit fiscal tiende a crecer.
La fórmula para enfrentar ese déficit ha sido por un lado el incremento del endeudamiento público tanto interno como externo, mientras que de otro lado, se mantiene una medición del déficit con base en el producto interno bruto (PIB) y no en la capacidad de pago o potencial de ingresos.
En los últimos cinco años se exhibe en el aparato gubernamental, como logro, el hecho de que el déficit del sector público no pasa del 2.5% del PIB. Muy bien, pero si se toma en cuenta que el PIB cada año crece, entonces el hecho de que el déficit se mida como porcentaje del PIB no necesariamente indica una reducción absoluta, pues si el PIB crece y el déficit sigue en 2.5% significa que en términos relativos no creció, pero en término absoluto sí.
Pero otra estrategia del Gobierno ha sido la de traspasar parte de su déficit al Banco Central, es decir, convertir déficit fiscal en déficit cuasi fiscal, lo que al final es lo mismo.
Eso ocurre cuando el Gobierno tiene el compromiso de entregarle al Banco Central recursos para su recapitalización por un monto equivalente a un porcentaje del PIB y no lo hace. Por ejemplo, suponga que en un año determinado el Gobierno debe pasar al Banco Central recursos equivalentes al 1% del PIB para su recapitalización y que al mismo tiempo anuncia que su déficit fiscal será de 2.5% del PIB. Sin embargo, en ese año, el Gobierno no le entregó al Banco Central los recursos a que se comprometió, lo cual indica que su déficit ese año no fue de 2.5% del PIB, sino de 3.5%, ya que se trata de 2.5% más el 1% que no reportó como recapitalización.
Esa práctica se hizo frecuente desde el año 2013 cuando el Gobierno decidió dejar de traspasar al Banco Central alrededor de la mitad de lo que se comprometió mediante la Ley de Recapitalización 167-07. El resultado fue que en los últimos cuatro años el Gobierno dejó de entregarle a la institución monetaria más de RD$50,000 millones. Pero aun el año pasado, de los recursos que se comprometió a traspasarle, decidió no reportar un solo centavo, lo cual hizo que el incremento del déficit fiscal por el orden de los RD$28,000 millones no se viera en los resultados presupuestarios porque fue absorbido por el Banco Central, que se ha visto obligado a aumentar sus emisiones de deuda con la colocación de certificados de inversión y a acrecentar su déficit cuasi fiscal.
Ante los organismos internacionales el Gobierno de República Dominicana se exhibe con disciplina fiscal, cumpliendo con un control de su déficit fiscal como porcentaje del PIB, pero en realidad el déficit ha seguido creciendo, incluso como porcentaje del PIB, con la diferencia de que ese incremento ha sido traspasado al Banco Central, con la no entrega de recursos para su recapitalización.
Ahora las autoridades del Banco Central anuncian que ya ha sido concluido un proyecto para modificar la Ley 167-07 a los fines de que el proceso de recapitalización que debió realizarse en un período de diez años sea extendido a 20 años para corregir la falta que se ha producido desde el 2013.
La idea es buena y las intenciones, posiblemente también. El problema es que nada quita que esa nueva modificación legal sea también violentada como la legislación original. Una práctica que se ha hecho común en los últimos años.
