Los acontecimientos sociopolíticos y económicos que han venido sucediéndose en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos décadas han provocado reacciones diversas entre los ciudadanos de esa nación, lo que incluye a empresarios e inversionistas que han decidido llevar sus capitales hacia otras nacionales.
Esa tendencia ha beneficiado en parte a República Dominicana, ya que hemos sido receptores de importantes inversiones de parte de empresarios venezolanos, algunos de mucha responsabilidad y otros, lamentablemente, no tan serios como se esperaba.
Las estadísticas del Banco Central indican que en los últimos ocho años, de 2010 a 2017, Venezuela pasó a convertirse en el quinto país emisor de mayor cantidad de inversión en República Dominicana, con un monto que pasa de US$520 millones, sólo superado por Estados Unidos, Canadá, España y México.
Esas inversiones venezolanas se han realizado en áreas como las finanzas, seguros, comercio y hasta en la agroindustria, entre otros sectores económicos. Lo lamentable es que no toda esa inversión ha sido exitosa, ya que se han registrado situaciones desagradables que no guardan relación con la situación del país, sino con manejos inadecuados de parte de los propios inversionistas.
Algunos casos han destacado como la quiebra del Banco de Ahorro y Crédito Peravia, que fue intervenido por la Superintendencia de Bancos tras detectarse manejos inadecuados que afectaron a diversos ahorristas con el desvío de recursos. Ese banco había sido adquirido por inversionistas venezolanos. Sus principales accionistas fueron sometidos a la Justicia y todavía son perseguidos por las autoridades dominicanas para que respondan pues sus acciones.
La quiebra del banco Peravia se llevó consigo a su empresa filial Unión de Seguros, también de capital venezolano.
Posteriormente se publicó en los medios de comunicación la decisión de la Superintendencia de Seguros de intervenir también a otra empresa de capital venezolano: Seguros Constitución, la cual tenía presencia en otras naciones como Panamá, donde también fue intervenida por mala práctica y sus principales accionistas puestos en cuestionamiento.
Pero la ola de quiebra de empresas de inversión venezolana no se detiene ahí. El caso más reciente es el de la aerolínea Pawa Dominicana, que fue cerrada por las autoridades dominicanas debido al incumplimiento de sus propietarios en el pago de recursos que cobraban como agentes de retención a los adquirientes de los pasajes aéreos, pero que no reportaban al Estado. A eso se agregan incumplimientos en los pagos de otros compromisos aeroportuarios.
Pawa Dominicana también se une a la lista de empresas venezolanas radicadas en el país que se han ido a la quiebra bajo la responsabilidad de sus accionistas y no porque se les haya presentado ninguna situación de dificultad en las condiciones locales en que operen.
Pero no es preciso ser pesimistas, pues también hay otras empresas de inversión venezolana en el país que operan de manera afectiva y sin dificultades aparentes. Son los casos de empresas comerciales en plazas tan importantes como Blue Ball y Sambil, por solo mencionar algunas en las que hay accionistas de la nación sudamericana y son exitosas.
Sin embargo, corresponde a las autoridades dominicanas establecer mejores mecanismos de depuración de las inversiones que traen ciertos extranjeros y que no deben ser recibidas a la ligera, sin las previas averiguaciones sobre la calidad de sus propietarios y las intenciones.
Hay inversionistas cuyos capitales provienen de fortunas amasadas con base en décadas y hasta siglos de arduo trabajo de familias honradas y trabajadoras de Venezuela y de cualquier otra nación. Pero también hay aventureros disfrazados de inversionistas, que vienen con capital, a veces fantasma o de orígenes dudosos, para “limpiarlo” en la economía dominicana.
Ahora que se está aplicando en el país una nueva ley que busca enfrentar el lavado de activos, es buena oportunidad para que las autoridades dominicanas se pongan las pilas y depuren mejor las ofertas de inversión extranjera que constantemente se anuncian. De esa forma se pueden evitar situaciones penosas que hemos visto en el pasado donde la figura del Presidente de la República se expone al lado de personas que luego aparecen en la lista de buscados por corrupción o estafa en el ámbito internacional. Eso se puede evitar.
