Ha quedado demostrado que la lucha contra la corrupción no debe afectar la actividad económica. Lo sabe bien el Gobierno del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que en los albores del escándalo del club de la construcción aplicó el Decreto de Urgencia 003 con consecuencias dañinas para la capacidad competitiva del grupo Odebrecht, rompiendo la cadena de pagos a los suplidores y provocando la quiebra de 175 de los 562 proveedores pequeños y medianos del consorcio. Ello ha significado también que 60,000 trabajadores hayan sido despedidos desde febrero del pasado año. De éstos, 40,000 laboraban en las empresas suplidoras y 20,000 en la misma compañía brasilera. Junto a ello, y no menos importante, se vieron paralizadas obras estratégicas del país, poniendo en serio peligro la incipiente reactivación económica de la nación andina.
Escarmentado por los hechos, el ejecutivo peruano quiere ahora revertir la situación con un nuevo proyecto de ley, aprobado recientemente por las comisiones de Economía y Justicia del Congreso, que permite a las compañías afectadas ganar predictibilidad sobre sus ingresos futuros y operaciones, otorgando también mayores garantías de financiación a clientes, proveedores, financistas e incluso eventuales compradores. Se trata de proyectar seguridad al sistema económico, evitar la paralización de las empresas investigadas y facilitar el mercado de bienes y servicios.
La propuesta busca, en definitiva, asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía. También tiene como objetivo evitar la paralización de las obras públicas o asociaciones público privadas; así como evitar la ruptura de la cadena de pagos, un drama económico de consecuencias gravísimas.
Una línea similar ha seguido el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que inauguró recientemente la ampliación de un sector de la carretera Panamericana que une al centro y occidente del país, un proyecto de US$ 1,086 millones con el que espera impulsar el comercio con Centroamérica. Se trata de la rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la carretera Panamericana Santiago-David, de 188 kilómetros.
El caso de Panamá demuestra cuando un Gobierno opta por continuar licitando obras, incluso culminando aquellas que heredó del anterior Ejecutivo, para no perjudicar el desarrollo social y evitar así hipotecar su futuro por la falta de decisiones. “Si hubiera escuchado a aquellos que querían que paralizase las obras y suspendiera los contratos, 40,000 trabajadores de la construcción hubieran quedado sin empleo”, resaltó Varela en la inauguración de las obras. El ejecutivo panameño pretende con esta iniciativa evitar que estos escándalos golpeen a su política de infraestructuras, conocedor de la importancia y trascendencia que ésta tiene para el empleo, turismo, comercio y transporte, lo que se denomina efecto arrastre. Las políticas de desarrollo a largo plazo son necesarias para planificar la inversión de manera ordenada, realista y sostenida, con el objetivo de conseguir una provisión eficiente y eficaz de los servicios de infraestructura, en un esfuerzo por mejorar tanto la productividad y competitividad de la economía, como la calidad de la vida de los ciudadanos.
Mientras en Ecuador, Colombia y México siguen una línea de querer politizar los casos judiciales y afectar seriamente sus economías, Estados Unidos, que tiene mucha experiencia en estos casos, ha desarrollado y aplicado al respecto una política opuesta. Al tiempo que se castigan penalmente a los ejecutivos e imponen multas a empresas que colaboran con la justicia, también se mantienen y garantizan las actividades económicas de dichos grupos empresariales, preservando así su función en el desarrollo económico y social. De esta manera el sistema preserva y no afecta la economía de su país, como lo demuestran los casos de Siemens, Rolls Royce, Halliburton, Odebrecht, entre otros.
En esta misma línea, Panamá y República Dominicana han seguido los métodos de EEUU, buscando la preservación de las actividades económicas, entretanto la justicia ha ido ejecutando su labor con la persecución de los imputados y dando auténticas garantías procesales de defensa. República Dominicana viene aprovechando los hechos para robustecer sus leyes y reglamentos, como el ejemplo de la nueva sobre Ley de Lavado de Activos, pudiendo evolucionar todavía más con la aprobación de la Ley de los Partidos. Lo más importante de esta situación es que dicho caso sirva como referencia para el incremento de la lucha anticorrupción.
La apuesta decidida por dar una segunda oportunidad y garantizar la viabilidad empresarial de aquellos grupos industriales investigados por la Justicia ha sido avalada incluso por el juez que instruye el caso Lava Jato en Brasil, Sergio Moro. En unas recientes declaraciones, Moro afirmó que “si una empresa se muestra dispuesta a admitir su responsabilidad, a modificar su conducta futura y a revelar sus crímenes, creo que es una actitud loable y meritoria. Y esa empresa, si su confesión fuese sincera, merecería una segunda oportunidad”.
Obviamente, las políticas condescendientes con las compañías sometidas por el sistema judicial deben tener su contrapeso. Ha de existir una verdadera reforma en profundidad de los sistemas de conformidad, ética y valores de los grupos empresariales que optan en las licitaciones públicas. La sociedad debe comprobar cambios reales y disruptivos en los modelos de conducta y en los códigos internos de actuación que huyan de discursos retóricos y patrones de conducta repetitivos. De hecho, algunas compañías están implementando ya un conjunto de medidas e innovaciones para prevenir, detectar y remediar riesgos que no coinciden con una actuación ética, íntegra y transparente.
Aplicar la ética profesional no implica solo que los directivos deban generar satisfacción en la organización en la que trabajan para mejorar los resultados futuros. Han de crear y difundir además una cultura profesional y ética en la que los valores de la empresa estén alineados con la manera de actuar en la misma. Para ello, es fundamental que los cuadros de dirección creen controles y revisen las estructuras, los procesos, las rutinas y los incentivos.
Uno los autores más leídos sobre la ética en las organizaciones, Mark Pastin, afirma que una crisis empresarial normal se transforma en crisis ética cuando lo que está en juego es no solo qué hemos hecho mal, sino quiénes somos. Pastin afirma que las crisis empresariales se convierten pronto en crisis éticas, sobre todo cuando la dirección decide no asumir la responsabilidad por sus acciones, lo que suele ocurrir a menudo. Como decía John Gappe del Financial Times a propósito del caso Volkswagen, “la ética es absoluta, no comparativa. No nos hemos comportado tan mal como nuestros rivales’ ha sido un argumento peligroso. Muchas empresas se ponen la soga al cuello con este mantra”.
Nos encontramos ante un reto mayúsculo que pone en jaque a numerosos países del continente americano De la valentía, coraje y visión de Estado que tengan sus gobernantes dependerá el futuro de miles de trabajadores y sus familias y la prosperidad venidera de las economías de la región. Las naciones con alma y vida no pueden frenar su progreso si quieren dejar a sus generaciones futuras una herencia que administrar.
