Santo Domingo.- El Ministerio Público ha logrado el respaldo de los principales sectores económicos del país en el proceso que busca investigar y juzgar a responsables de supuestos actos de corrupción. La historia reciente no registra un apoyo como el que ha recibido el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
Primero fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), principal organización empresarial del país, a través de un comunicado en el que pide que se respeten las actuaciones del Ministerio Público en cumplimiento de sus facultades y garantizar un proceso judicial transparente e imparcial. Rechazó las acciones que pretendan obstaculizar cualquier actuación tendente a investigar y juzgar actos de corrupción
Luego del Conep se expresó la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), cuyo presidente, Víctor Castro, sostuvo que la persecución de la corrupción no admite excepciones y que el castigo, siempre conforme con las leyes, debe ser para corruptos y corruptores, muchos de los cuales están fuera de las esferas administrativas estatales y se cobijan bajo sombrillas corporativas.
En un hecho sin precedente en la historia reciente, un grupo de empresarios y de líderes del sector privado visitó al procurador general de la República para expresarle su apoyo a la institucionalidad y al apego a las normas judiciales vigentes.
Por el Conep estuvieron Ligia Bonetti, Circe Almánzar y Marisol Vicens; y por la Asociación Dominicana de Zona Franca (Adozona), José Manuel Torres. Domínguez Brito también recibió en su despacho a los empresarios Celso Juan Marranzini, Julio Virgilio Brache, Yandra Portela, Maité Fernández, Ricardo Koenig, Manuel Cabral y Augusto Ramírez. Coinciden en que para los sectores productivos es clave mantener el Estado de derecho y la seguridad en los procesos judiciales que se lleven a cabo.
“Respaldamos las acciones de la Procuraduría General de la República. Llamamos a todos los dominicanos a apoyar el imperio de las leyes y pedimos a otros poderes no obstaculizar la marcha normal de la Justicia”, expresaron los empresarios.
Afirmaron que se trata de un gesto hacia el fortalecimiento del sistema judicial que indica que es vital para generar un ambiente de confianza económica y social.
Para el presidente de los empresarios de Herrera, es penoso observar como en diferentes circunstancias en que surgen acusaciones de corrupción se pretende anteponer la excusa de la persecución política para eludir los tribunales y evitar que los procesos se ventilen bajo los designios de la ley.
Tras señalar que la corrupción ha implicado un alto costo para el país, dijo que este fenómeno está vinculado al hecho de que el alto crecimiento económico de los últimos años no sea compartido por todos los dominicanos, la mayoría de los cuales viven en pobreza.
“El Presupuesto Nacional es una de las vías que tiene el Gobierno para la redistribución de la riqueza y si una parte del mismo se queda en las manos de políticos corruptos, será siempre difícil emprender las tareas del desarrollo”, precisó.
