Según el estudio presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el Panorama Fiscal 2018, los gobiernos de esta región tuvieron un activismo tributario inusitado durante el 2017. Así, buscando reducir los déficits fiscales, una gran parte de los países latinoamericanos implementaron diversas reformas, medidas y acciones de política fiscal, la mayoría de ellas centradas en alentar el pago de impuestos.
Argentina, por ejemplo, fue el país que mayor cantidad de reformas y medidas tomó en cuanto a su marco tributario. Se citan, entre otros, la aprobación de una reducción gradual del 35% al 25% de la tasa de impuesto a las ganancias que se aplica a las sociedades, un aumento en la deducción especial del impuesto a las ganancias que se les hacía a los trabajadores autónomos, la ampliación de la base del IVA (tipo ITBIS), y el aumento en los impuestos internos a productos como bebidas alcohólicas, cigarrillos y gaseosas.
De su lado, la reforma del Ecuador, aun cuando elevó las tasas del impuesto a las ganancias de las sociedades, las redujo en tres puntos porcentuales para las microempresas y los exportadores, mientras en Belice se enfocaron en la aplicación de los denominados impuestos correctivos, y la reforma del Uruguay se enfocó en aumentar las tasas que pagaban los juegos de azar. Como se ve, hubo bastante activismo tributario.
En el caso de República Dominicana, son evidentes los esfuerzos que se vienen realizando para eficientizar, sin necesidad de reformas y de nuevos impuestos, la administración tributaria. Una de las medidas que esta administración ha visto como importante, es la de gravar la suma de los salarios de aquellas personas que tienen más de un empleo. Aunque la misma no ha sido del agrado de una parte importante de la población, a la verdad que no son tantas las personas que están bajo esta condición, ni creemos que lo que se recaudará por esta vía establezca una gran diferencia.
Lo que sí llama poderosamente la atención, es que los gobiernos no son tan activos en la otra parte de la moneda, es decir, en la reducción de gastos, en la corrupción desenfrenada tipo OMSA, ni en el establecimiento de límites al consumo de los órganos públicos que, como se sabe, no contribuyen en nada con el bienestar de los ciudadanos. Tampoco se ven grandes esfuerzos por reducir el gasto tributario, ni por eliminar aquellas entidades que realizan funciones similares.
Entendemos que ya es hora de que el activismo del Gobierno se vaya por el lado de reducir el gasto público y elevar su calidad.
