Cuando hablamos de economía sostenible nos referimos a las políticas públicas y acciones de implementación de las prácticas empresariales responsables y a su vez equitativas para los participantes en el sector manufacturero e industrial.
Es cierto que la Revolución Industrial, y su posterior expansión global, no siempre estuvo consonante con esta filosofía de “sostenibilidad”, pero la historia como tal nos permite ver cada escenario en el cual se observan prácticas que arrojaron los peores resultados socioeconómicos y medioambientales.
En la actualidad podemos resaltar varios países que en las últimas décadas han tomado la decisión de cambiar su modelo industrial con una perspectiva sostenible; estos implementaron varios aspectos esenciales tales como: políticas de trabajo con garantías al empleado y criterios salariales más justos, políticas de investigación, desarrollo e innovación, políticas medioambientales y explotación minera responsable; como también políticas de generación de energía renovable y fiscalización del carbono.
Las políticas mencionadas contribuyen a eficientizar los procesos productivos de la manufactura industrial. Estas son el resultado de arduo trabajo entre el sector privado y el Estado. Ejemplos como los llamados países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) son los pilares de la sostenibilidad industrial. Incluso podemos mencionar el caso de Alemania, el cual tiene una gran agenda de desarrollo sostenible en varios sectores, como el manufacturero e industrial.
Creo que República Dominicana ha realizado cambios sustanciales articulados por el mismo sector privado. La aplicación de una cultura de innovación en busca de mejoras continúas en su proceso, fomento de un clima e igualdad laboral más justa, así como la implementación de procesos de procesamiento de desperdicios y reciclaje. Evitaré no puntualizar los casos empresariales para no convertir este artículo en una promo publicitaria, más bien la idea es hacer conciencia.
Mi reflexión final está basada en la gestión pública del Estado dominicano. Sabemos que contamos con excelentes normas y hasta modelos de políticas afines a la sostenibilidad. Pero el “talón de Aquiles” en este sentido es la carencia de institucionalidad y continuidad de la gestión y/o plan estratégico. Por este motivo aplaudimos la iniciativa del empresariado local que en conjunto con el Estado conforman el Consejo Nacional de Competitividad. Como ciudadanos esperamos el compromiso del Estado en apoyo a esta iniciativa.
