La prohibición de las peleas de gallos en Puerto Rico, si termina por aprobarse en el Congreso en Washington un proyecto de ley sobre temas agrícolas que lo incluye, amenaza con la pérdida de miles de empleos en la isla en una actividad rechazada por los defensores de los animales.
La industria de las peleas de gallos en Puerto Rico es un sector económico que genera anualmente cerca de 80 millones de dólares y da trabajó a unas 30,000 personas, que de perder sus empleos agudizará todavía más la depauperada economía de la isla, sumida en una crisis desde hace una década y que se profundizó por el huracán María de septiembre.
El sector defiende que están en juego miles de empleos que no pueden perderse en este momento, además de tratarse, aseguran, del deporte nacional de los puertorriqueños, una práctica ligada a la cultura que se remonta al siglo XVI con la llegada de los españoles.
La representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González, trata de presionar a los legisladores estadounidenses para que no se prohíban unas peleas de gallos que se celebran en cerca de cien galleras repartidas por la geografía de la isla.
Javier Nieves, miembro de la Junta de directores del Centro Gallístico de Isla Verde, el más importante de la isla, señaló a Efe que si las peleas de gallos fueran prohibidas se perderían unos puestos de trabajo de los que en la actualidad no puede prescindir la economía local.
“Las peleas de gallos son deporte y cultura nacional”, aseguró sobre una práctica que se puede seguir durante todos los días del año.
El temor en la isla al final de las peleas de gallos tiene como origen la presentación por parte del legislador demócrata Ron Wyden de una enmienda a un proyecto de ley sobre asuntos agrícolas del Senado estadounidense para, como propuso la Cámara de Representantes, extender a Puerto Rico y los demás territorios de EE.UU. la prohibición de la peleas de gallos.
El proyecto agrícola se debate ahora en el pleno del Senado y la enmienda de Wyden puede suponer el golpe de gracias para el sector.
Una primera votación celebrada en la Cámara de Representantes federal el pasado mes de mayo sobre el proyecto agrícola no obtuvo el suficiente apoyo, pero la pasada semana salió adelante con 213 votos a favor y 211 en contra.
Dentro de ese proyecto de ley se incluye la enmienda que busca prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico y los demás territorios de EE.UU., la cual fue aprobada mayoritariamente.
El Senado, la segunda cámara legislativa del Congreso estadounidense, es la que deberá ahora ratificar la medida o sacar adelante su propia versión.
En julio, se espera que un comité de conferencia del Congreso armonice los lenguajes aprobados en cada cámara legislativa.
El legislador puertorriqueño Urayoán Hernández anunció la creación de una petición en la plataforma digital “change.org” a favor de mantener las peleas de gallos en Puerto Rico e instó a que se firme la solicitud “con el fin de enviar un contundente mensaje al Congreso y la Casa Blanca para detener su prohibición” en la isla.
El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, se unió a la causa y realizó un llamamiento a los miembros del Senado federal para que frenen la medida que busca prohibir las peleas de gallo.
A pesar del apoyo a esta tradición también hay detractores, como Eugenio Crespo, antiguo director de la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico (FEPA), para quien se trata de una costumbre reprobable rechazada por todas las asociaciones de la isla que defienden a los animales.
Esta práctica fue introducida en la isla caribeña por inmigrantes españoles en el siglo XVII.
El cambio de soberanía que supuso la llegada de los norteamericanos en 1898 trajo consigo la prohibición, lo que ocasionó su práctica de manera clandestina, hasta que en 1933 el entonces gobernador, Robert Gore, declara las peleas de gallos como un deporte oficial en Puerto Rico.
