Puerto Rico asiste a un enfrentamiento institucional entre el Gobierno y la entidad de control federal encargada de supervisar las cuentas públicas, nacida de una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos, al que se ha sumado el Legislativo, conflicto que llegó ya a los tribunales.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que acudirá a la Justicia, después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control establecida por una ley federal para tratar el asunto de una deuda impagable, impusiera un presupuesto para el presente año fiscal diferente al aprobado por el Legislativo local.
Rosselló dio a conocer que quiere que los tribunales se pronuncien sobre el que definió como intento de “usurpar el poder del Gobierno local” por parte de la JSF.
El gobernador pidió a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, la encargada de atender el asunto de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que emita una sentencia que deje claro cuáles son los poderes de la JSF y los del Ejecutivo.
La JSF fue establecida en junio de 2016 cuando el Congreso en Washington aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para abordar el tema de la deuda, una vez que los acreedores amenazaban con acudir a los tribunales tras los primeros impagos que iban a instalar el caos con litigios interminables.
La JSF que establece Promesa también vela por unas cuentas públicas equilibradas, razón por la que intervino en el presupuesto del año fiscal 2019 de Puerto Rico que cada ejercicio arranca con el mes de julio.
El presupuesto se debe atener a un Plan Fiscal, documento guía de la política de las cuentas públicas.
El Gobierno que lidera Rosselló y la JSF acordaron que se pusiera fin, vía derogación, a la Ley 80, la cual establece una indemnización en caso de despido injustificado, a cambio de que se mantuviera la paga navideña, los días por enfermedad y la cuantía de las pensiones de los funcionarios, así como inversiones y partidas importantes para municipios y la universidad pública.
El acuerdo entre la JSF y Rosselló establecía que si se derogaba la Ley 80 no se tocaría el presupuesto del Gobierno ratificado en el Legislativo.
La entidad de control esgrime que la Ley 80 funciona como disuasorio para las inversiones foráneas al suponer unos costes laborales que supuestamente obstaculizan que las empresas vean rentable establecerse en la isla la actividad económica.
Para hacer efectivo el acuerdo, la Cámara de Representantes local aprobó legislación para derogar la Ley 80.
Por contra, el Senado local -órgano liderado por el carismático Thomas Rivera Schatz- se negó, tal y como requiere la ley, a ratificar el presupuesto de la entidad de control para el año fiscal 2019 y, en cambio, sí lo hizo con otro que difiere con el de la JSF.
El presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, José Caraballo, señaló a Efe que se trata de una situación, el enfrentamiento entre la JSF y el Gobierno, que era conocida desde hace tiempo y que ahora ha explotado, por lo que sus consecuencias serán relativas.
Caraballo indico que si se impone el criterio de la JSF habrá más austeridad en el gasto, pero que a su juicio los tribunales son quienes mejor pueden defender el interés público.
Mientras, el temido y anunciado enfrentamiento institucional que se cernía sobre Puerto Rico es ya realidad, pero ahora a tres bandas, una vez que la Cámara alta se negó a aceptar el acuerdo entre la entidad de control y el Ejecutivo.
Analistas locales ven, incluso, en la postura del Senado un posible desafío de Rivera Schatz al gobernador Rosselló de cara al liderato del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) con vistas a las próximas elecciones.
La entidad de control reaccionó al anuncio del gobernador para dejar claro que se “defenderá enérgicamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del Presupuesto y el Plan Fiscal”.
La JSF hizo público que aprobó y certificó un presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2019 “en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado y de acuerdo con Promesa para poner a Puerto Rico en la ruta hacia la recuperación”.
El escenario que nadie quería del enfrentamiento institucional en manos de los tribunales está servido con desenlace incierto para un territorio con una economía en situación crítica tras una década de crisis.
