No hay dudas que la mejor forma de medir las situaciones que ocurren en torno a todos los aspectos de la sociedad es mediante las estadísticas. La medición de todo cuanto acontece.
Pero en República Dominicana, lamentablemente ha habido mucho descuido en cuanto al fortalecimiento, continuidad, rigurosidad y aprovechamiento de las estadísticas sobre aspectos tan fundamentales como la medición de los empleos, los niveles de pobreza, los indicadores de mortalidad materna, mortalidad neonatal, tasa de homicidios, registro civil y población nacional y extranjera en sentido general.
Al leer estas líneas de seguro que muchos lectores dirán que todas esas áreas y muchas obras son constantemente medidas con estudios estadísticos.
Sin embargo, sucede que nuestras estadísticas no siempre son las más confiables; y el problema se fundamenta en el hecho de que los resultados se manejan y hasta se alteran a conveniencia no solo del gobierno de turno, sino hasta del funcionario de turno, lo cual es grave.
Recuerdo, por ejemplo, el caso de un exministro de Hacienda que acostumbraba a sacar del portal institucional los informes estadísticos sobre el endeudamiento público cuando algún medio de comunicación publicaba algo con base en su contenido.
Imagínense qué nivel de pequeñez mental el de un funcionario que en lugar de abogar por la transparencia de la operatividad del Estado, procure ocultarlo y luego venderse como un ente que apoya las libertades públicas.
Afortunadamente, en la actualidad, los funcionarios del área económica respetan y publican de manera oportuna todos los datos estadísticos sobre presupuesto, endeudamiento, ingresos, gastos y ejecución presupuestaria. En esa parte se ha avanzado.
Pero no ha sido así en cuanto a la forma en que opera nuestra Oficina Nacional de Estadística (ONE), que ya sea por falta de recursos y por otras limitaciones, no ha adquirido los niveles de credibilidad requeridos para el tipo de función que realiza. Incluso, muchos de los informes estadísticos que publica presentan retrasos en cuanto a la actualidad y en ocasiones son tomados de otros informes estadísticos ya publicados por instituciones estatales encargadas del tema de que se trate.
De no ser por el departamento de cuentas nacionales del Banco Central, en República Dominicana habría una seria carencia de informes estadísticos creíbles.
El caso es que las mediciones estadísticas del Banco Central solo se enfocan, como es lógico, en los aspectos que se relacionan estrictamente con la economía en sus diversas expresiones.
Las estadísticas de otras áreas tan fundamentales como la salud, educación, seguridad ciudadana, transparencia institucional, medio ambiente, municipalidad y otros no son tan confiables ni tan rigurosas como deberían ser, además de que no siempre se publican de manera constante y con calendarios definidos.
Hay otras mediciones que ni siquiera se hacen. Tales son los casos de instituciones reguladoras que deberían presentar informes actualizados e históricos sobre el comportamiento de las áreas a las que dan seguimiento, no solo sobre los resultados que les pasan las empresas a ser reguladas, sino sobre las áreas que permitirían al Estado aprovechar mejor las facilidades que ofrecen.
Esa parte aplicaría para analizar qué tan efectivo es el cumplimiento de los compromisos que asumen determinados sectores productivos del país para recibir las exenciones fiscales conocidas como “gastos tributarios” en el Presupuesto del Estado.
Una empresa de zona franca o un hotel en el área turística se supone que reciben exenciones a cambio de determinadas inversiones, y del compromiso de expandirse y de generar una cantidad de empleos específica en un tiempo determinado. ¿Acaso las entidades responsables de medir ese cumplimiento como requisito previo a la concesión de exenciones fiscales lo hacen con rigurosidad? ¿Conoce alguien los resultados de los estudios que se han hecho en esos aspectos? ¿Sabemos de alguna empresa que haya sido sancionada por el Estado por aprovechar exenciones fiscales para otros fines distintos a lo que se había comprometido?
El fortalecimiento de las regulaciones a sectores que reciben exenciones fiscales y la posterior publicación de las estadísticas sobre esos resultados, serían buen inicio para que el Estado comience a reducir su gasto tributario sin la necesidad de eliminar las exenciones. Solo basta con asegurarse de vigilar su uso y destino.
