Cada vez que República Dominicana acude a los mercados financieros internacionales a colocar bonos, es decir, a emitir deuda, el apetito de los inversionistas queda insatisfecho. Esto es lo que se establece en cada una de las declaraciones del Gobierno cuando declara que “la demanda total por los bonos soberanos fue muy superior al monto ofertado por el país, pese a la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales en los últimos meses”.
Sin duda, República Dominicana muestra una estabilidad macroeconómica que ha servido como referente en la región, con una expansión del producto interno bruto (PIB) superior al promedio registrado por las principales economías. Por supuesto, estos datos no dejan de ser cuestionados por quienes alegan que el país ha crecido sobre la base del financiamiento.
Sin embargo, hay algo en lo que las mentes encargadas de tomar decisiones no deben perderse: en fortalecer el aparato productivo, pues habrá de ser el ancla del futuro que merecen los dominicanos. Un país que no fortalece sus exportaciones, que no genera divisas suficientes para comprar lo que debe traer de afuera, que no crea empleos de calidad y que todo lo sustenta en el financiamiento, por más vueltas que se le dé, es un escenario indeseable para cualquiera.
Tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) como la Asociación de Industrias (AIRD) han puesto de manifiesto la importancia que tiene para la economía garantizar un escenario competitivo, acorde a lo que exigen los tiempos. El país, y con ello se llama a las autoridades, está en la obligación de no perderse de vista en torno a poner atención en los sectores en los que sí se puede ser eficiente.
Si bien las colocaciones de bonos en los mercados internacionales cuentan con el respaldo de una ley, porque así debe ser, no menos cierto es que lo legal no siempre es justo ni debe ser. Se estima que en este año habrá de buscarse poco más de RD$200,000 millones para cubrir y déficit presupuestario y pagar el servicio de la deuda. Este camino, por más explicaciones y buen apetito que tengan los inversionistas y cazadores de bonos en los mercados internacionales, no es el correcto.
Y hay legalidad en las emisiones. Estas colocaciones de bonos fueron consignadas en la Ley 243-17 que aprueba el Presupuesto General del Estado para 2018, así como en la Ley 248-17 de Valores de Deuda Pública, al ser parte del Plan de Financiamiento del presente año aprobado en las referidas leyes. Cada dominicano, preocupado y que paga sus impuestos, está en el derecho de pedir explicación a quienes administran los recursos públicos. Puede preguntar en qué gasta cada centavo y por qué no hay un plan para bajar el gasto público sin necesidad de sacrificar las partidas más importantes.
El Estado requiere de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos. Es de todos conocido que un país con una deuda social histórica, como es República Dominicana, necesita de una gran inversión social. No es fácil gobernar con tanta gente pidiendo empleos y buscando un salario en el Estado. Sin embargo, esto no debe ser motivo para que se destine tanto dinero en áreas que no devuelven la inversión. Peso a peso, y hay que ser literal en esta afirmación, se puede generar un gran ahorro. Para dar el buen ejemplo basta con una señal que venga de quienes administran los recursos del Estado.
Los que administran el crédito público, que en términos matemáticos han sido eficientes, están en el deber de entender que el país no puede seguir endeudándose a la velocidad que lo viene haciendo. Esto así porque llegará el momento en que no habrá apetito, como sí lo hay ahora, por los bonos dominicanos. Lo único que debe desearse es que el Estado dominicano no caiga en una situación de impago, pues ahí sí se iniciará una nueva etapa financiera para el país. Y a esa nadie quiere llegar.
