“El turismo, como una de las actividades centrales de la economía y la principal generadora de divisas, ha venido creciendo sistemáticamente en un 10.6% en los últimos cuatro años, aunque debe diversificarse y hay que velar más por su sostenibilidad ambiental”.
El planteamiento lo hace el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) en el reciente Informe Nacional Voluntario (INV) en el que presentó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los pasos de República Dominicana para acoplarse a la Agenda 2030 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El informe resalta que el turismo explica el 46% de las exportaciones de bienes y servicios y que República Dominicana se vende como un destino casi exclusivo de “sol y playa” y bajo la modalidad del “todo incluido”. “Con el fin de conocer en mayor profundidad los impactos ambientales del turismo se requiere desarrollar indicadores que aproximen a la sostenibilidad de la actividad, en términos de la intensidad del uso del capital natural”, dice.
Reconoce que República Dominicana debe fortalecer sus capacidades nacionales para “diseñar e implementar mecanismos y políticas que reduzcan los efectos del turismo sobre las costas y los ecosistemas costeros, los acuíferos subterráneos, el uso intensivo del recurso agua y la contaminación derivada de una inadecuada gestión de residuos”.
El país cuenta con espacios para el desarrollo de la oferta de modalidades de turismo individual, asociadas a la montaña, al senderismo, a la salud o de cruceros, destaca. Pero, identifica barreras que limitan avanzar hacia una producción y un consumo más sostenibles.
Advierte que la agricultura y la pecuaria, el turismo, la minería y la pesca ponen una “significativa presión” sobre los recursos naturales. Por eso aboga por la “adopción de prácticas de producción sostenibles que contribuyan de forma significativa a la recuperación de los ecosistemas terrestres y marinos y de sus capacidades para proveer servicios ambientales críticos”.
Plantea que en República Dominicana, siendo el turismo una de las principales actividades económicas, “la salinización de los acuíferos subterráneos, la erosión de las playas y el deterioro del entorno natural en los polos turísticos, incluyendo los ecosistemas marinos, constituyen amenazas significativas”.
Cita datos del Ministerio de Medio Ambiente que apuntan a que para 2015 en el país había 140 plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por el sector privado, de las cuales el 38% eran del sector turismo, 16% de empresas manufactureras, el 28% al sector de alimentos, el 6% de la minería y el 12% de otras actividades.
El Gobierno argumenta que, por limitaciones fiscales, durante 2000-2016, el gasto público para la gestión del medio ambiente se mantuvo reducido. “Se prevé -añade- que iniciativas en curso para ofrecer apoyo a proyectos agroforestales representen un impulso crítico a los esfuerzos por fortalecer la protección y gestión sostenible de los bosques, la cual hoy día solo representa el 3%”.
Aunque habla de un “dinámico crecimiento de la superficie forestal”, plantea que sólo una fracción de ella está bajo gestión sostenible, y se requiere una mayor efectividad de la protección en los casos de la superficie con fines exclusivos de preservación”.
Califica de “incierta” la calidad de las nuevas áreas forestales y de los servicios ambientales capaces de prestar. “El Índice de Lista Roja del país es de 0.74, se estima que 22% de los animales están en peligro de extinción, 38% de plantas están en algún tipo de peligro, y las especies invasoras son la tercera causa de pérdida de biodiversidad”.
“En 2016, la proporción de lugares importantes para la biodiversidad biológica terrestre fue de un 40%, y el valor de los servicios ecosistémicos se estima entre 2.2% y 7.6% del PIB”, dice. Además, que en 2012, el 1.1% de la superficie total del país se encontraba en estado de degradación.
Desechos sólidos
Resalta la necesidad de promover una matriz energética limpia, que contribuya a reducir la contaminación y las emisiones de CO2. “En 2015 estas emisiones alcanzaron 22.8 millones de toneladas, de las que el 62% fueron resultantes de la quema de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica”, dice. También plantea como prioridad, el gestionar los desechos y la contaminación de forma integral y ambientalmente sostenible.
“República Dominicana acusa un severo problema de manejo de los desechos sólidos y de contaminación de ríos”, indica el informe dirigido y coordinado por el economista Pavel Isa Contreras, quien encabezó un equipo que contó con la colaboración de entidades, incluyendo al Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana (AmchamDR).
En la presentación del reporte a la ONU, el titular del MEPyD, Isidoro Santana, afirma que República Dominicana se comprometió en septiembre de 2015 a cumplir los ODS junto a 193 naciones del mundo. “Este acuerdo, el más importante en el marco del Sistema de Naciones Unidas, nos compromete al cumplimiento de 17 grandes objetivos globales, 169 metas y un conjunto de más de 200 indicadores de seguimiento”, resalta.
El funcionario reconoce que el país confronta males como el rezago productivo y la degradación del medio ambiente y los recursos naturales. También, la pobreza, la desigualdad social, el analfabetismo, la inseguridad, la falta de oportunidades, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna e infantil, el desempleo y la violencia de género.
Todavía sin letrinas
“El 97.4% de los hogares posee sistemas de disposición de excretas, y el 79% cuentan con sanitarios, lo cual ha registrado un alto crecimiento en los últimos años”, dice el reporte del MEPyD. Sin embargo, añade que “el 7.6% de los hogares rurales no posee sistemas de disposición de excretas y 46% tienen sistemas precarios, como las letrinas”.
Indica que en los últimos 15 años, el porcentaje de hogares que cuenta con sistema de excretas “ha crecido poco”. Añade que en 2000 era de 94.2% y el 5.8% no contaba con uno. “El porcentaje de viviendas que disponían de letrinas se ha reducido notablemente, desde 40.1% hasta 18.2% en 2015, mientras el que contaba con inodoros se elevó desde 54.1% hasta 79.2%”.
En cuanto a la cobertura de agua (“¿potable?”), el informe presentado por el MEPyD a la ONU indica que el servicio cubre el 80% de los hogares. “Pero mientras que en las zonas urbanas alcanza el 86%, en las rurales es de tan sólo el 57%”, dice.
