El Ayuntamiento de Nueva York “congeló” las autorizaciones para los servicios de taxis vía Internet como Uber y Lyft. Esta decisión fue tomada debido a la disrupción que causan estas empresas a los tradicionales servicios de taxis, lo que apunta a los desafíos que en materia regulatoria conlleva la economía colaborativa.
La economía colaborativa se refiere a los nuevos servicios típicamente ofrecidos vía Internet o el uso de aplicaciones (apps) en su dispositivo móvil, y que representan un reordenamiento de la típica estructura de brindar servicios. Por ejemplo, en el caso de Uber, es la mayor compañía de servicios de transporte en el mundo, pero todos sus “choferes” operan como contratistas independientes que ofrecen servicios en su plataforma sin ser empleados.
El desafío regulatorio causado por estas empresas se ha enfocado en el ámbito laboral, ya que representan un cambio fundamental al tradicional sistema de distribución del trabajo en la economía. Si bien es cierto que no podemos decir que los retos generados en este ámbito han sido completamente determinados, con el paso del tiempo, la doctrina jurídica se ha venido ajustando a la nueva estructura laboral.
Pero el otro gran desafío, todavía en vías de definición, se trata de la disrupción en la economía que pudiera ser causada por estos servicios. En el caso de los servicios de transporte, resulta evidente que las tradicionales empresas de taxi han objetado a los nuevos, bajo la premisa de que incumplen con los mismos requisitos de seguridad ofrecidos por los tradicionales proveedores.
En el caso de Nueva York, resulta ser interesante debido a que ya requería que todos los servicios de transporte (y sus choferes), incluyendo los de la economía colaborativa como Uber, obtuvieran permisos para poder ofrecer sus servicios. Es decir, que parecería que la medida adoptada por la ciudad tiene menos que ver con cuestiones de seguridad, y más con evitar la disrupción de un modelo económico existente.
Lo mismo ocurre con los servicios de alojamiento, con nuevas empresas como Airbnb brindando la oportunidad a personas de alquilar su hogar o habitaciones. No obstante, estos servicios también están siendo objeto de regulación, pues inversionistas están comprando apartamentos con la única finalidad de ofrecerlos para alquilar en estas plataformas, lo que encarece el precio para los residentes en la ciudad.
En definitiva, nuevas modalidades de servicios traen nuevos desafíos regulatorios que se enmarcan dentro de los profundos cambios que conllevan en la estructura de la economía.
