En España existen más de 2,000 expedientes de solicitudes mineras en diferentes localidades, algo que en la mayoría de los casos ha generado rechazo vecinal y movilizaciones como la que acogerá Salamanca este sábado contra el proyecto de mina de uranio en Villavieja de Yeltes.
Se trata de proyectos que están a la espera de los permisos necesarios en comunidades como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón y Navarra, entre otras, ha explicado a EFE una de las portavoces de la plataforma ‘Salvemos la Montaña’ de Cáceres, María Montaña Chaves.
En Castilla y León, los vecinos de la comarca salmantina de Campo Charro volverán a movilizarse el próximo sábado contra el proyecto de la empresa australiana Berkely para la explotación de uranio, “aprovechando la mayor presencia de visitantes” en el periodo estival destaca el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez.
La minera planea una explotación a cielo abierto, una planta de tratamiento y un depósito de residuos radiactivos, lo que provocaría contaminación atmosférica, del agua del río Yeltes, así como movimientos y emisiones por las explosiones, sostiene el movimiento vecinal contrario a la iniciativa.
El alcalde de Villavieja de Yeltes remarca a Efe que no cejarán en la lucha hasta ver “paralizado el proyecto de Berkeley”, multinacional que a pesar de no tener la autorización definitiva ha talado ya cerca de 2.000 encinas centenarias y construido parte de unas instalaciones como constató Efe.
Son empresas “especuladoras” que solo buscan rentabilidad, asevera Rodríguez, quien ha participado este pasado sábado en otra manifestación convocada por la plataforma “Stop uranio” en el cruce de dos vías a la altura de La Fuente de Esteban (Salamanca).
Y es que una ramificación del proyecto, la de la denominada zona 7, “afecta directamente a nuestro núcleo urbano” al encontrarse a “escasos metros” del instituto de educación secundaria, asegura Rodríguez.
Recuerda, además, que las instalaciones perjudicarían a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y que ya está afectando a los ganaderos y agricultores y a los negocios locales como el balneario de Retortillo “porque la gente cree que ya están abiertas las instalaciones”.
Berkeley, cuya opinión ha tratado de conocer EFE sin éxito, salió a Bolsa el pasado 18 de julio y cotiza tanto en el mercado español como en los de Australia y Reino Unido.
Otro de los proyectos más contestado es el de Cáceres, donde la empresa australiana Infinity Lithium pretende explotar litio, material muy utilizado en la fabricación de baterías.
Estos proyectos “responden a la burbuja minera”, asegura una de las portavoces de la plataforma ‘Salvemos la Montaña’ de Cáceres María Montaña Chaves.
Las empresas se amparan en una ley de Minas de 1973 “caduca” y muchos de sus proyectos han surgido como “alternativa al ladrillo” para las empresas inmobiliarias tras la crisis económica, asevera.
Y añade que la constructora como Sacyr, por medio de Valoriza Minería, se ha unido a la australiana Infinity Lithium para la explotación de litio en Cáceres.
La compañía también interviene por medio de Valoriza Minería en el proyecto de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz).
Las instalaciones para la extracción de litio en Cáceres se encuentran a escasos metros del núcleo urbano y del nuevo hospital, cuyas instalaciones está previsto se abran en noviembre próximo, enfatiza Chaves.
Además, “otra mina de Grabat Energy está encima de un acuífero de Cáceres, que es un bien de interés general para la vida y subsistencia de la población, que se contradice con otro bien de interés que es la mina”, según la activista.
Estas instalaciones dañarían una de las fuentes de agua más importantes para la ciudad, y que se utiliza principalmente en épocas de sequía, sostiene.
Estos son solo dos ejemplos de los proyectos mineros, pero no los únicos, recuerdan desde las plataformas contrarias, y alertan que hay permisos solicitados para extraer feldespato en la sierra de Ávila, tierras raras en Ciudad Real, cobre entre los concellos coruñeses de Touro y O Pino, zinc y plomo en Cantabria y potasas en Aragón y Navarra, entre otros.
