El escándalo desatado este mes en Argentina por un dominó de arrepentidos y detenidos por corrupción en torno a la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas afecta negativamente la economía, aunque está lejos de ser el factor excluyente que explica el mal momento que atraviesa el país.
El inédito caso judicial, que estalló el 1 de agosto por la revelación de unos cuadernos con anotaciones sobre los supuestos pagos indebidos, involucra no solo a exfuncionarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) sino además a una veintena de empresarios de la construcción.
El escándalo encontró a la economía argentina mal parada, con caídas en la actividad económica, alta inflación y una fuerte devaluación del peso que ya en junio había obligado al Gobierno de Mauricio Macri a solicitar asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sumadas a los efectos de la crisis turca, las revelaciones del caso judicial añadieron tensión a los mercados, en particular el bursátil, con desplomes en las acciones de algunas de las empresas implicadas en la trama y caídas generalizadas en los activos argentinos.
“Estamos viviendo una dramática pérdida de rentabilidad en las compañías. Cuando el mercado ve que en la economía va a haber menos rentabilidad, los inversores venden”, apuntó a Efe el analista económico Salvador Di Stefano.
El fenómeno afecta a la conducción y la reputación de las empresas de infraestructuras implicadas, lo que podría derivar en problemas de liquidez. También afecta a los bancos que financian a compañías ligadas a la obra pública.
Finalmente, el escándalo pone en duda los ambiciosos planes de desarrollo de infraestructuras mediante inversión público-privada impulsados por el Gobierno de Macri, que ha asegurado que seguirán adelante.
“El ‘efecto cuadernos’ impacta sobre la actividad económica porque pone en peligro toda la estructura de diseño de licitaciones de obra pública. Esto va a generar una parada en la construcción”, sostuvo Di Stefano.
La calificadora Moody’s advirtió este martes que las inversiones en construcción “probablemente se verán perjudicadas” mientras dure la investigación judicial “ya que la incertidumbre legal y el riesgo de reputación ahuyentan a los inversores”.
“Menor inversión y producción en la industria argentina de la construcción probablemente repercutirá en la economía, disminuyendo las perspectivas de crecimiento ya moderadas para este año y el próximo”, sostuvo Moody’s, que prevé que el PIB argentino se contraiga en un 1 % este año.
Y hay un riesgo latente mayor: que se descubran más casos de corrupción más allá de las empresas de ingeniería y construcción implicadas hasta ahora en los supuestos manejos turbios con el extinguido Ministerio de Planificación, que además tenía injerencia en sectores como el transporte, la minería, los hidrocarburos o las telecomunicaciones.
El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, afirmó hace unos días que el resonante caso judicial es el “shock” “más importante” que ha afectado a la economía en el último par de meses y, aunque ponderó como “muy positivo” que se avance hacia “un país más transparente”, advirtió que en el corto plazo la “incertidumbre” entre quienes financian la inversión “pesará en el crecimiento de este año”.
Sin embargo, así como antes de la irrupción del caso judicial ya eran evidentes los signos de deterioro en la economía argentina, también ahora los factores que la complican van más allá de la saga de los cuadernos.
“Esto no es de hace unas semanas. El Gobiernos tiene abiertos varios frentes. Hasta ahora solo ha hecho un acuerdo con el FMI, pero no ha explicado cuál es el plan monetario y financiero para salir adelante”, señaló Di Stefano.
Déficit fiscal, elevada inflación, depreciación de la moneda local, altas tasas de interés, contracción del consumo, caída en la producción son algunas de las cuestiones aún no resueltas por un gobierno que en poco más de un año pasará por el examen de las urnas.
