Por lo general, no acostumbramos a escribir sobre el tema eléctrico en esta columna. Esa decisión no es por desconocimiento del tema, sino porque actualmente ocupo la posición de director de Comunicación Estratégica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y no se ve adecuado.
Sin embargo, un tema de alto interés colectivo me motiva a ofrecer algunos detalles: el acuerdo que crea un fondo para garantizar la terminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).
Veamos: Punta Catalina se construye por un valor contractual de 1,945 millones de dólares. El Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella le ha reclamado 708 millones de dólares adicionales al Gobierno para terminar la obra.
El Gobierno rechaza el reclamo, las partes discuten sus argumentos y no llegan a acuerdo, por lo que se decide llevar la litis a un Tribunal de Arbitraje Internacional, como dice el contrato en casos de controversias.
De ir al arbitraje es posible que la obra se detenga y eso afectaría seriamente los recursos ya invertidos, porque los equipos se deterioran y el proceso podría tardar de dos a tres años.
Para evitar la paralización de la obra, el Gobierno y el consorcio acordaron la creación de un fondo de 336 millones de dólares que sería aportado inicialmente por el Estado, ya que se ha determinado que esos recursos son suficientes para terminar la planta de 752 megavatios brutos.
Pero como el Gobierno se niega a reconocer la exigencia de los 708 millones de dólares y a la vez desea evitar que la obra se detenga, pone como condición que el aporte de los 336 millones de dólares estará condicionado a la decisión del arbitraje.
Esto quiere decir que la obra será terminada con esos fondos, pero el arbitraje seguirá en proceso. Cuando salga la sentencia, ya sea a favor o en contra del Gobierno, los 336 millones de dólares estarán incluidos en el monto a reconocer como reclamo o a devolver.
Por ejemplo, si la sentencia es a favor del consorcio, entonces el Estado no recupera los 336 millones de dólares, pues estarían dentro del monto que la sentencia ordene entregar ante el reclamo.
Sin embargo, si la sentencia es a favor del Gobierno, entonces el consorcio deberá devolverle los 336 millones de dólares al Estado, pues se mantendría como inversión única el valor contractual de 1,945 millones de dólares.
Eso indica que el Estado no está reconociendo el reclamo del consorcio, sino que está aportando dinero para terminar la obra y condicionando la recuperación o no de ese dinero a la decisión de la corte internacional.
Pero como el aporte económico adicional lo hará el Gobierno, el consorcio tuvo que firmar una garantía económica de devolución del dinero en caso de que la sentencia sea favorable al Estado.
El acuerdo también establece que los recursos a aportar por el Estado serán en la medida en que avance la obra, con base en un calendario estricto de fechas de entrega y si el consorcio no cumple con esas fechas, se aplicará una penalidad de 220 mil dólares diarios por cada día de retraso.
Se puede decir que el Gobierno buscó la salida más favorable, pues la otra opción era ir a arbitraje sin negociar antes, lo cual implicaba la paralización de la obra por tiempo indefinido.
En cambio, al buscar ese dinero para asegurar la terminación de la obra, la planta comenzará a producir energía y a generar dinero a partir de principios del próximo año, mientras el arbitraje sigue su curso.
Ahora bien, imaginemos el peor escenario, es decir, que la sentencia sea a favor del consorcio y en contra del Gobierno. Para el momento en que salga esa sentencia, en dos o tres años, ya la planta tendrá ese tiempo generando energía para bien del país y suficiente dinero para cubrir los 336 millones y cualquier otro monto adicional, incluso, hasta alcanzar los 708 millones dólares si fuera el caso.
Pero aún así el Gobierno se niega a aceptar una derrota judicial y por eso ya contrató a la reputada firma de abogados internacional Foley Hoag LLP, que representará al Estado en el arbitraje. De eso se trata. Nada más y nada menos.
