No hay duda: el acuerdo al que arribaron los consorciados del proyecto Punta Catalina con el Gobierno está bien elaborado. Se tomaron las previsiones de lugar para evitar que se detenga esta obra que, por demás, vendrá a atacar uno de los males más graves del sistema: la falta de energía barata.
Otro aspecto es que con la entrada de Punta Catalina se aligera la carga del Estado en cuanto al subsidio de electricidad, con lo cual tendrá mayor capacidad de recursos para no retrasarse con los demás agentes del mercado, pero al mismo tiempo podrá invertir en rehabilitación de redes.
El Gobierno, por supuesto, fue más sabio aún porque logró combinar el prestigio y la fe pública de al menos cinco entes que tienen que ver con este tema. Y todos firmaron. La información que se maneja es que la CDEEE, el administrador del proyecto, Jaime Aristy Escuder; la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el empresario José Manuel González Cuadra dieron lo mejor de sí para que este documento sea lo suficientemente fuerte ante las empresas que construyen la obra.
Una vez se logre lo establecido en el acuerdo, que Punta Catalina genere la energía prometida, sería bueno exigirles más a los administradores de las distribuidoras respecto a los resultados que se esperan. Nadie debería estar obteniendo un salario lujoso y otros beneficios si no logra las metas de recuperar las finanzas de estas empresas.
Desde tiempos inmemorables hemos visto cómo las Edes han sido un botín político, con el que se complacen a determinados sectores y “apoyadores estratégicos” en tiempos de campaña política. El concepto de empresa rentable debe aplicarse por todo lo alto en estas distribuidoras.
Los técnicos que están al frente de las distribuidoras, sabemos, tienen las mejores intenciones de lograr las metas planteadas de, incluso, bajar las pérdidas hasta los niveles prometidos en el dichoso Pacto Eléctrico. ¿Pero qué sucede? Que la cabeza, a veces, anda lejos de los pies.
