Los beneficios para el país al menor costo ambiental posible debe ser el eje dominante en la industria extractiva, abarcando minería metálica, no metálica, petróleo y gas, indicó este miércoles el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde.
Al participar en un panel-desayuno de la Cámara Americana de Comercio, dijo que ese enfoque es esencial para enfrentar los problemas asociados a la sostenibilidad sistémica del sector, que explota recursos no renovables.
“Los recursos mineros, como lo establece la Constitución, son propiedad de la nación y la función del Estado es administrarlos bien, en beneficio no sólo de esta generación, sino de aquellas que nos sucederán”, razonó el titular de Energía y Minas.
Isa Conde consideró fundamental el avance de una propuesta integral de medidas de política que garanticen los intereses del país y también de los inversionistas, privilegiando el trato nacional, la seguridad jurídica, la confianza legítima, transparencia y rendición de cuentas.
El funcionario detalló que una buena parte de los beneficios recibidos de la industria extractiva deben canalizarse hacia inversiones públicas dirigidas a la acumulación de capacidades humanas, tecnológicas y de infraestructura, en beneficio del país en general y de las comunidades mineras, creando empleos sostenibles.
“Esto supone, señoras y señores, provocar una ruptura radical con el pasado y la visión estrecha con que se realizaba la actividad, de la “Ley del Embudo”, lo ancho para las empresas mineras y lo estrecho para el Estado y el pueblo, y que, por demás, los pasivos ambientales pagaran las futuras generaciones”, afirmó el ministro.
Isa Conde resaltó que el Ministerio de Energía y Minas ha estado trabajando arduamente, con espíritu de consenso y siempre abierto al debate de las ideas, en la modernización del andamiaje legal de la industria extractiva, decisión que ha causado preocupación en ciertos segmentos del sector minero.
Sin embargo, aclaró que “ninguna cosa que lleve el sello de ganar-ganar debe preocupar. Y esa es la esencia del marco legal que sustentamos y que seguiremos defendiendo como un soporte de la promoción de inversión responsable con promesas de ganancias razonables para las empresas, el Estado y las comunidades”.
