Los enfoques de “tolerancia cero” que piden anular los contratos de asociación público-privada afectados por la corrupción generan más efectos negativos a la economía y al erario público que otras medidas “flexibles y proporcionales”, apunta un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado este miércoles.
El documento “Efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas. Consecuencias de un enfoque de tolerancia cero” analiza los marcos legales de América Latina que estipulan la anulación de los acuerdos afectados por la corrupción.
Asimismo, constata que el uso de “herramientas legales más proporcionales”, que incluyan sanciones pero que habiliten la continuación de la sobras, son mas recomendables.
Roberto de Michele, autor del informe y experto sénior en Transparencia, Integridad y Anticorrupción del BID, explicó a Efe que las políticas de “tolerancia cero” generan y arrastran “la nulidad de toda la cadena”, afectando a proveedores inocentes, al tiempo que retiran los incentivos “para quienes financian sigan financiando”, lo que genera “una parálisis”.
“Otro enfoque es la respuesta proporcional, y aquí hay algo importante, y es que eso no implica dejar de considerar que haya responsabilidades por hechos ilegales. No permite al corrupto lavarse las manos, pero no es así, solo sugiere contar con una batería de medidas aislar el hecho de corrupción en la medida de lo posible”, afirmó el analista.
Según indicó De Michele, el “análisis técnico” de este asunto da la impresión de que “los países con abanicos más amplios” de respuesta ante la corrupción tienen mejores posibilidades para tomar decisiones lo menos dañinas posible.
“Si solo hay una respuesta posible, no hay un buen escenario”, añadió.
En ese sentido, recordó que en los casos de corrupción hay que administrar “dos principios”, el de “asegurar la transparencia y el de asegurar la viabilidad de la obra”.
“Eso entra en conflicto, y no hay respuesta sobre cuando gana uno y cuando gana otro. El estudio sugiere que cuando más amplia sea la ley, más fácil será dar respuesta. Los problemas complejos requieren soluciones complejas”, apuntó.
Entre otras medidas alternativas a la “tolerancia cero”, el informe sugiere incorporar remedios que permitan continuar con los proyectos “mientras se aplican medidas correctivas y disuasorias como multas, inhabilitaciones futuras o reemplazo de subcontratistas”.
Según apuntó el BID en su informe, las inversiones totales por ejecutares en asociaciones público privadas u obra pública por ejecutar a cargo de empresas vinculadas a actos de corrupción, llegaría a 9,000 millones de dólares, equivalente al 4% del PBI.
En Perú, el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) aprobó en febrero de 2017 el denominado popularmente decreto “Antiodrebrecht” en medio del escándalo suscitado por las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre los millonarios sobornos pagados por su constructora a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse grandes contratos en obras públicas.
El decreto ordenó la intervención de cuentas, prohibió contrataciones estatales y controló de forma tajante la venta o transferencias de bienes y capitales de empresas que hubieran confesado actos de corrupción o que fueran culpables de ese delito.
Esa norma, que fue reformada un año más tarde, fue duramente criticada por gremios empresariales, laborales y por la propia empresa Odebrecht, ya que impedía el pago a proveedores y subcontratistas y la liquidación de bienes para afrontar pagos de deudas y créditos bancarios.
En la práctica, la normativa, que también se aplicó a otras empresas constructoras implicadas en actos de corrupción, llevó a la paralización de la obra pública y la financiación debido a la interrupción de la cadena de pagos.
