La reforma fiscal de Costa Rica, considerada por el presidente Carlos Alvarado como prioritaria para evitar una crisis económica, entró en el filtro clave de la Sala Constitucional, de donde no salió viva la última iniciativa de este tipo impulsada hace unos años.
Un grupo de 14 diputados de partidos de oposición presentó el viernes ante la Sala Constitucional una consulta de constitucionalidad en la que cuestionó varios artículos del proyecto de reforma fiscal llamado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Uno de los principales argumentos de los legisladores es que el 1 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA) a productos de la canasta básica atenta contra la justicia tributaria al afectar a las personas con menores ingresos.
También señalan asuntos relacionados a modificaciones tributarias y presupuestarias que consideran que afectan la inversión en educación y en la niñez.
Otro punto cuestionado es una amnistía tributaria que contiene la reforma fiscal para el perdón de una parte de intereses a los morosos, que según el Gobierno pretende incentivar a los contribuyentes para que paguen las deudas.
La reforma fiscal fue aprobada en primer debate con 35 votos a favor y 22 en contra el pasado 5 de octubre y para que sea votada en el segundo y definitivo deberá tener el visto bueno de la Sala Constitucional. El Tribunal tiene un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse.
De este tribunal no salió viva la última reforma tributaria intentada en el país durante el Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), pues los magistrados hallaron vicios de inconstitucionalidad en su tramitación.
Las dudas sobre la tramitación de la actual reforma tributaria también están a la orden del día, pues gracias a un acuerdo multipartidario el Congreso aplicó una “vía rápida” que redujo los tiempos de discusión y de discurso de los diputados.
La Sala Constitucional se ha convertido en un actor clave en el país durante los últimos tiempos tanto para reformas claves como para asuntos varios de la vida cotidiana de las comunidades o de la gente.
Las personas acuden al tribunal para asuntos que van desde, por ejemplo, solicitar que su ayuntamiento construya una acera o que el seguro social entregue medicinas con rapidez, hasta para temas como la legalización del matrimonio homosexual o como en la actualidad la constitucionalidad de la reforma fiscal.
Si la reforma tributaria pasa el filtro de la Sala Constitucional, el Gobierno deberá buscar el apoyo de tres diputados más para completar, en el segundo y definitivo debate, la mayoría calificada de 38 votos de los 57 que integran el Legislativo.
Esto debido a que la Corte Suprema determinó que esa es la cantidad de votos que requiere el proyecto, ya que considera que cuatro artículos afectan la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial, en materia de salarios y presupuestos.
Mientras tanto, la huelga que el pasado 10 de septiembre comenzó el sector sindical contra el proyecto fiscal se mantiene, pero solo con el apoyo fuerte de los trabajadores del sector educación.
Los sindicatos afirman que el proyecto golpea a las clases medias y bajas, algo que niega el Gobierno, mientras los empresarios han urgido insistentemente la aprobación de la iniciativa para garantizar estabilidad económica y seguridad jurídica.
La reforma fiscal convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero gravará los servicios y algunos productos que antes estaban exonerados.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir o contener el gasto público, como por ejemplo una regla fiscal y la disminución de pluses salariales.
Por su parte, el Banco Central emitió el jueves un criterio favorable a la reforma fiscal y consideró el proyecto como urgente ante “el grave desequilibrio de las finanzas públicas”.
Los datos del Banco Central indican que sin ajustes fiscales el déficit financiero podría alcanzar un 7.2% del producto interno bruto (PIB) en 2018 y un 7.5% en 2019, mientras que la deuda alcanzaría un 53.8% y un 58% del PIB en esos años.
Según la entidad, el plan tributario reduciría el déficit en 3.7 puntos del PIB al año 2022 y la deuda alcanzaría su punto máximo hacia el año 2023 en alrededor del 65% del PIB, para comenzar a bajar a partir de 2024.
