El Gobierno español aprobó este jueves una medida que obliga a los bancos a asumir el impuesto sobre las hipotecas, en lugar de que lo hagan los clientes, después de semanas de discusiones políticas y en el Tribunal Supremo.
El Consejo de Ministros reaccionó así a la decisión que tomó el Supremo el pasado martes en el sentido de el cliente debe seguir pagando el impuesto, a la que llegó tras dos días de deliberaciones, varias semanas de polémicas y tres sentencias previas que establecían que debían ser los bancos.
Esa decisión del Supremo -tomada por 15 votos frente a 13- recibió numerosas críticas de algunos partidos políticos, organizaciones consumidores y asociaciones de vecinos, incluso con acusaciones de supuestas presiones de los grandes bancos a los jueces.
La ministra de Hacienda, María José Montero, justificó hoy la urgencia de la acción del Gobierno en aprobar la medida -que requiere la aprobación del Parlamento- en la “confusión” generada por el Tribunal Supremo.
Ante algunas peticiones, como la del Partido Popular (PP, conservador) para suprimir este impuesto, Montero explicó que la tasa reporta a los gobiernos regionales unos 2,000 millones de euros anuales (unos 2,300 millones de dólares) y que esos recursos son necesarios para la provisión de servicios sociales como sanidad o educación.
En la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno, la ministra portavoz, Isabel Celaá, recalcó el Ejecutivo ha demostrado rapidez en “estar junto a los problemas de los ciudadanos y su resolución”, en una cuestión que afecta a millones de personas.
La aplicación de esta medida tendrá un efecto “limitado” en los beneficios de los bancos, según indicó la agencia de calificación Moody’s en una nota a clientes.
Moody’s consideró que las entidades financieras tienen mecanismos para proteger sus márgenes en las hipotecas, que son por definición un producto con bajos retornos, y avanzó que la banca aplicará probablemente costes adicionales a sus clientes de préstamos hipotecarios para compensar el pago de este impuesto.
El impuesto grava entre el 0.5 y el 1.5% (en función de las regiones) del importe del préstamo hipotecario que concede el banco. Por ejemplo, en Madrid (que aplica un 0.75%), para una hipoteca de 200,000 euros (230,000 dólares), el impuesto es de 2,250 euros (unos 2,600 dólares).
