La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ejecutará un proceso de fiscalización a las empresas vinculadas o que son clientes de los asesores fiscales sometidos a la justicia por la estafa millonaria contra la institución de parte de Casa Club Neptuno y Tax Services Financial.
La advertencia fue hecha por la institución al anunciar que una séptima persona implicada en defraudación tributaria, estafa, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, en perjuicio de la institución recaudadora, recibió medidas de coerción por parte del juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Atención Pemanente del Distrito Nacional.
“Estas empresas serán fiscalizadas a fin de detectar -lo cual es altamente problable- si también han sido beneficiadas por las prácticas que han dado lugar a los recientes sometimientos. En caso de ser así, serán sometidas a la justicia, incluyendo a sus representantes”, señaló Impuestos Internos en un comunicado de prensa.
La séptima imputada con medidas de coerción es Yuly Annety Peña de Ureña, quien se dedica a la asesoría fiscal, en su calidad de gerente de la empresa Whini Import S.R.L., vinculada al proceso penal incoado por la DGII en contra de las empresas Casa Club Neptuno, Tax Services Financial y varias personas.
Peña De Ureña es imputada por la utilización de la empresa Whini Import S.R.L, entre otras prácticas ilegales, como vehículo corporativo emisor de facturas con valor fiscal, simulando operaciones comerciales (ventas) a favor de la empresa Casa Club Neptuno.
Con esta operación fraudulenta la asesora fiscal –a quien le fue impuesto impedimento de salida y presentación periódica- posibilitaba que Casa Club Neptuno disminuyera los impuestos a pagar al Estado dominicano, por montos superiores a RD$50.0 millones.
Los demás imputados –sobre quienes pesan distintas medidas de coerción- son Avis Altagracia Soto, Jesús Alberto Tavárez, Franklin Rosario Vicente, Wisler Lantigua Ventura, Marlenny Sánchez Pérez y Luis Manuel González, acusados de comisión de los delitos de defraudación tributaria, estafa, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
