El ministro de Hacienda de República Dominicana, Donald Guerrero, expresó este martes el interés del Gobierno de vender alrededor del 50% de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), que se levanta en la provincia Peravia (sur) y con la que se pretende resolver el déficit energético del país.
En declaraciones a la prensa en la Cámara del Senado, donde se entrevistó con los miembros de la Comisión de Hacienda, Guerrero dijo, sin embargo, que aún no hay nada definido pero que sería “alrededor del 50% como tope. Puede ser más o puede ser menos”.
Tampoco adelantó el costo de la operación porque, según afirmó, “no se ha entrado en negociación”.
Las declaraciones de Guerrero se producen un días después de que llegara al país un barco con 38.516 toneladas métricas de carbón mineral para ser utilizado en la sincronización y pruebas de la primera unidad de la termoeléctrica Punta Catalina.
La plata es presentada como una de las principales obras del Gobierno de Danilo Medina, y su construcción está a cargo de un consorcio encabezado por la brasileña Odebrecht.
En septiembre pasado el Gobierno informó de que llegó a un acuerdo con el consorcio para terminar la obra, lo que permitirá que la primera unidad de la planta comience a operar a finales de este año y la segunda en febrero de 2019.
Las partes se encuentran en un proceso de arbitraje ya que mientras el Gobierno asegura que el contrato con Odebrecht para la construcción de la termoeléctrica es de 1,945 millones de dólares, la multinacional brasileña asegura que los costos de construcción han elevado esa suma.
Este proyecto, cuya licitación estuvo bajo investigación, ha sido criticado por sectores políticos que aseguran que fue sobreevaluado y por grupos que aseguran que afectará al ecosistema y a la salud de las personas de la provincia Peravia, especialmente de la comunidades cercanas a Punta Catalina y a la ciudad de Baní, en la provincia Peravia.
Odebrecht es objeto de investigación en República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares.
Por el caso fueron imputadas siete personas, entre ellos políticos y empresarios.
