Por Osvaldo Lagares
Durante las últimas semanas, las perspectivas de riesgos sobre el crecimiento económico mundial se han acentuado, lo que ha motivado a que se redujeran las estimaciones de crecimiento para la economía mundial de 3.7% a 3.5% para 2019, destacándose una reducción en el crecimiento de las principales economías avanzadas, emergentes y en vías de desarrollo.
Entre los diversos riesgos globales, tales como la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, se ha añadido el de una desaceleración derivada del cierre parcial del gobierno estadounidense, así como los procedentes de posibles aumentos en los precios internacionales del petróleo y alzas en las tasas de interés reales a largo plazo en los mercados financieros internacionales. De seguir profundizándose estos riesgos, los mismos podrían afectar negativamente el crecimiento económico mundial y la estabilidad del sistema financiero internacional.
En el contexto de una eventual desaceleración económica global, mayores restricciones al comercio internacional, y auge de políticas económicas populista en varios países, los déficit fiscales y comerciales de algunas de las principales economías avanzadas y emergentes podrían deteriorarse aún más, presionando los mercados de deuda y de divisas, aumentando las primas por riesgos de inversión, y generando volatilidades en los mercados financieros internaciones, a medida que los flujos de capitales se dirijan hacia aquellas economías que sean relativamente más estables macroeconómicamente.
Para afrontar tales riesgos globales asociados a los sistemas financieros, se hace necesario la adopción de políticas macroprudenciales, que son aquellas destinadas a prevenir y a mitigar el riesgo sistémico, a limitar el contagio financiero, y a reducir los costos económicos asociados a estos riesgos para la actividad económica. Por consiguiente, a partir de la crisis financiera global de 2008, las políticas macroprudenciales han cobrado una importancia trascendental en los círculos de política económica, y por tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), recomiendan a los países la aplicación de estas políticas.
Las políticas macroprudenciales se definen como el conjunto de herramientas principalmente prudenciales destinadas a limitar el riesgo sistémico; es decir, a limitar el riesgo de una interrupción generalizada de la prestación de servicios financieros, causada por el deterioro de todo o parte del sistema financiero, el cual puede tener graves consecuencias para la economía real. Asimismo, esta definición incluye aquellas políticas económicas orientadas a reducir los costos económicos asociados a los desbalances y a las crisis en el sector financiero.
Tales desbalances a nivel global pueden relacionarse actualmente a los altos niveles de endeudamiento de los hogares y las empresas a nivel mundial, con perspectivas de alzas en las tasas de interés internacionales, los cuales pueden aumentar la probabilidad de impago, incrementando las primas por riesgos y generando estrés adicional y volatilidades en los mercados financieros. Reduciendo subsecuentemente el consumo, disminuyendo la demanda agregada y por consiguiente ralentizando el crecimiento. Ciclo perverso este que si no se afronta con las políticas económicas adecuadas puede conducir a una recesión económica y a una eventual crisis financiera en aquellos países con débiles fundamentos macroeconómicos.
En vista de las recientes perspectivas de riesgos, varios bancos centrales alrededor del mundo y en América Latina han estado monitoreando constantemente indicadores macroprudenciales claves, tales como el crecimiento del crédito domestico al sector privado no financiero, los índices de volatilidad y estrés financiero, las tasas de interés activas de los préstamos de las instituciones financieras de depósito, entre otros. Asimismo, monitorean indicadores económicos más específicos, tales como la evolución de las tasas de interés de la deuda soberana, la evolución de los tipos de cambio, los ingresos en divisas, la inversión extranjera directa, así como los déficits fiscales y la balanza comercial, ya que es interés de todos los bancos centrales dar seguimiento a las variables macro y microeconómicas que puedan afectar la economía ante los diversos riesgos internos y externos.
La finalidad del examen de los indicadores macroprudenciales es la aplicación de instrumentos de política macroprudencial destinados a corregir desbalances financieros específicos. La mayoría de estos instrumentos se orientan a fortalecer el capital de las instituciones financieras, fortalecer el encaje legal, mantener el crecimiento apropiado del crédito, limitar el endeudamiento de los hogares y las empresas, promover la liquidez del sistema y mantener un flujo adecuado de divisas, a los fines de mantener el sistema financiero en óptimas condiciones para canalizar el ahorro en oportunidades de inversión.
En años recientes, países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, entre otros, han implementado diversos instrumentos de política macroprudencial. Entre los que se destacan las variaciones a los requerimientos adicionales de capital y de reservas para las instituciones financieras, el establecimiento de límites a los coeficientes de préstamo-valor y deuda-ingreso para los préstamos, así como los límites a las posiciones en moneda extranjera, entre otros. La aplicación de estos instrumentos macroprudenciales han dado como resultado sistemas financieros más seguros, estables y resistentes en la región.
La respuesta de la República Dominicana en materia de políticas macroprudenciales ha sido importante y decisiva, porque ha permitido prever riesgos adversos que hubiesen podido afectar la economía. En ese sentido, como resultado de los trabajos de investigación y desarrollo en materia de política macroprudencial, y en base a los resultados presentados, las autoridades monetarias y financieras del Banco Central de la Republica Dominicana presentaron a la Junta Monetaria la propuesta del esquema operacional de políticas macroprudenciales a ser implementado por la Administración Monetaria y Financiera, en base a las disposiciones legales del artículo 227 de la Constitución de la República, así como de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera de 2002.
En ese orden, la Honorable Junta Monetaria dictó su Cuarta Resolución de fecha 20 de diciembre 2017, mediante la cual creó el primer Comité de Políticas Macroprudenciales y Estabilidad Financiera del país, integrado por funcionarios tanto del Banco Central como de la Superintendencia de Bancos, estableciendo así el marco institucional de políticas macroprudenciales.
El Comité de Políticas Macroprudenciales y Estabilidad Financiera tiene por objeto examinar el riesgo sistémico y la estabilidad del sistema financiero de la económica dominicana, a fin definir y proponer a la Junta Monetaria, como organismo superior de política monetaria y financiera, las políticas macroprudenciales necesarias para promover y mantener la estabilidad de dicho sistema.
Asimismo, este Comité tiene las funciones de definir los anteproyectos de creación y modificación de los instrumentos de política macroprudencial que se consideren necesarios para prevenir, reducir y administrar los riesgos globales que amenacen la estabilidad macroeconómica y financiera de la economía dominicana.
Estas reformas han puesto al país a la vanguardia en materia de políticas macroprudenciales. En ese orden, al igual que el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de España, el Banco de Brasil y la Reserva Federal de los Estados Unidos, entre otros, el Banco Central de la República Dominicana permanece atento y vigilante ante la reciente evolución de riesgos globales y los desbalances financieros locales e internacionales.
Actualmente, la República Dominicana cuenta con el marco teórico y normativo adecuado para poder afrontar los diversos riesgos que amenacen la estabilidad del sistema financiero dominicano, en la medida en que el entorno internacional incierto afecte las condiciones financieras locales, a los fines de implementar las políticas macroprudenciales que la Junta Monetaria, como autoridad macroprudencial competente, estime pertinente aplicar para salvaguardar no solo la estabilidad macroeconómica, sino la estabilidad del sistema financiero de la República Dominicana.
