En el pasado, una empresa viable pero en dificultades financieras en República Dominicana, como por ejemplo una compañía del sector de hoteles y servicios turísticos con deudas, cuotas impagas a la oficina de impuestos, deudas con proveedores y problemas de flujo de efectivo, generalmente enfrentaba la quiebra, con bajas tasas de recuperación.
En estas circunstancias, un proceso de insolvencia –según el marco jurídico anterior– probablemente hubiera terminado en liquidación.
En los últimos dos años, el gobierno dominicano ha llevado a cabo importantes esfuerzos en la actualización del marco legal y regulatorio de la insolvencia, dejando de lado el antiguo ordenamiento y orientándose hacia un sistema más moderno, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
Bajo el nuevo marco jurídico, la empresa de nuestro ejemplo podría optar por intentar múltiples soluciones innovadoras. Compañías similares en otras partes del mundo han sido objeto de una reestructuración a través de un proceso de reorganización, ahora disponible en República Dominicana.
Efectivamente, este proceso involucraría a todos los acreedores, vendiendo el negocio a una parte interesada, a los acreedores para acordar un compromiso o un recorte de los saldos adeudados. Después de la reestructuración, la compañía podría ser considerada para la venta dado su balance más saludable. A través de soluciones como las ahora permitidas por el nuevo régimen legal, los acreedores pueden conservar valor, y se pueden salvar los puestos de trabajo.
¿Por qué es importante un régimen de insolvencia para las empresas?
La falta de mecanismos de reestructuración y de un proceso de liquidación claro, organizado y transparente limitaban la posibilidad de que los acreedores recuperaran sus inversiones. Esta situación afectaba la disponibilidad y el costo del crédito, impulsores clave para la actividad económica, la innovación y el crecimiento.
Ante esta situación, el Grupo Banco Mundial apoyó al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el proceso de diseño de una reforma que siguiera las mejores prácticas globales en materia de insolvencia.
Una mesa de trabajo compuesta por los sectores público y privado, entre los que se encontraba el Consejo Nacional de Competitividad, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Dirección General de Impuestos Internos, y los representantes de los principales gremios empresariales, se involucró en el proceso de elaboración y obtuvo el aval de los miembros para la reforma.
El nuevo régimen de insolvencia se estableció oficialmente con la Ley de Restructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes en el año 2015, y su reglamento de aplicación en el 2017. Este régimen promueve la estabilidad financiera, a través de un mecanismo de resolución para préstamos improductivos y, a su vez, favorece el acceso al financiamiento para las empresas dominicanas, aumentando la competitividad. Para ser efectivo, el sistema de insolvencia tiene como meta equilibrar la protección del deudor y la recuperación del acreedor.
Ejemplos mundiales
La experiencia internacional demuestra que las reformas de insolvencia han producido importantes resultados en la disponibilidad y términos de crédito.
- En Brasil, según diversos estudios realizados, la reforma efectuada en el año 2005 incrementó significativamente el mercado privado de crédito. A nivel de las empresas, se reportó un aumento del 23% al 74% en deuda a largo plazo, y una reducción de un 8%-17% en el costo de sus deudas. La reforma incrementó los préstamos garantizados, las inversiones, y el valor de la producción en municipalidades con cortes menos congestionadas.
- En México, la nueva ley de insolvencia corporativa redujo la duración promedio de los procedimientos de 7.8 a 2.3 años.
- La eficiencia de los procedimientos de reorganización también mejoró significativamente en Colombia – de 34 meses a 12 meses -, adoptando prácticas que pueden disminuir la tasa de fracaso de las empresas en insolvencia.
Un mejor clima de negocios y apoyo para las Pymes
Esta importante reforma ha mejorado significativamente el clima de negocios en República Dominicana, colocándola en la posición 121 de 190 economías del ránking Resolución de Insolvencia del informe Doing Business 2018, un salto de 39 posiciones con respecto al 2017.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son, sin duda, las principales beneficiarias de esta reforma. El marco legal y regulatorio de insolvencia fortalece los derechos de los acreedores, quienes aumentarán su oferta de crédito hacia este segmento y asumirán menos riesgo.
Con la reducción de riesgo crediticio, las más de 20,000 pymes dominicanas tendrán más probabilidades de atraer capital de riesgo e innovación de alta calidad para crecer. Al mismo tiempo, con mayor financiamiento disponible, tendrán más posibilidades de atender sus necesidades de cubrir pagos a tiempo o enfrentar gastos inesperados, reduciendo el riesgo de falta de liquidez.
El nuevo régimen de insolvencia también genera otros beneficios a la economía en general, tal como maximizar el valor recuperado de activos de una empresa en dificultades financieras para canalizarlos a empresas más productivas, y aumentar la posibilidad de preservar empleos y cadenas de suministros.
Maximizar el impacto positivo
Tener una ley y un reglamento que permitan una eficiente restructuración y liquidación es solamente el comienzo de la historia. Tener un sistema ordenado y predecible de insolvencia (tanto de restructuración como de liquidación) muchas veces lleva años de práctica.
En este sentido, en octubre del año pasado el Consejo Nacional de Competitividad con el apoyo del Grupo Banco Mundial impartió un exitoso taller de capacitación sobre el régimen de insolvencia con participación de más de 70 abogados, jueces, y otros funcionarios relacionados al tema. Este taller continuó la capacitación iniciada durante un primer taller el año anterior, con el objetivo de mejorar las capacidades dominicanas para utilizar los mecanismos nuevos a su disposición bajo el nuevo marco legal y regulatorio de insolvencia.
República Dominicana deberá continuar fortaleciendo la capacidad de todos los involucrados en esta materia, incluyendo la comunidad de negocios, la comunidad de abogados y contadores, los funcionarios de quiebras (verificadores, conciliadores y liquidadores), sus reguladores (las Cámaras de Comercio), la comunidad bancaria y, por supuesto, la comunidad judicial que será la encargada de aplicar la nueva normativa.
Con esta capacitación, el régimen de insolvencia puede continuar impulsando el crecimiento y la competitividad de la economía y en particular de las pymes en República Dominicana.
