La gestión adecuada de los recursos hídricos, una mejor gobernanza y la adecuación del marco legal son algunos de los elementos claves que necesita República Dominicana para encontrar una solución factible a la problemática del agua.
Ante la inseguridad que experimenta el país de contar con el recurso natural, Gilberto Reynoso, asesor de Aguas del Poder Ejecutivo; Magdalena Lizardo, directora ejecutiva del Grupo de Consultoría Pareto, y Solhanlle Bonilla, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático del INTEC, debatieron las causas y el impacto de la situación, durante el Diálogo INTEC para la Acción (DIA), titulado “Agua: recurso esencial para el desarrollo”.
“El problema de atenuar la situación actual del agua en República Dominicana es de gestión, no de déficit de infraestructura. En el país no se está quedando sin agua, más bien sin tiempo para una gestión adecuada de recursos a nivel nacional”, ponderó el asesor de Aguas del Poder Ejecutivo.
Reynoso dijo que para la construcción de las 13 presas más grandes que tiene el país, se han invertido US$1,182 millones, para almacenar un total de 2,100 millones metros cúbicos de agua.
“Al hacer una relación entre la inversión y la estructura de almacenamiento, se muestra que cada metro cubico almacenado tiene un costo aproximado de RD$58, y lamentablemente de los 2,100 millones metros cúbicos almacenados se desperdicia un 62%, es decir, estamos botando RD$36,000 millones anual por agua almacenada sin uso adecuado”.
Además, dijo que el sector agrícola utiliza el 80% (11,000 millones de metros cúbicos) de los recursos hídricos, “le llamamos el ‘pozo sin fondo’, debido a que de ese porcentaje se desperdicia el 62%, y por eso, entiendo que la escasez es uno de los problemas más básicos que tiene República Dominicana, mucho más agudo que la sequía”, expresó Reynoso durante la actividad que coordina el pasado rector del INTEC, Rafael Toribio.
De su lado, la economista Magdalena Lizardo, dijo que República Dominicana tiene un marco legal asociado al recurso agua muy fragmentando, con solapamiento de responsabilidades y, en muchos, casos, con deficiencias en materias regulatorias. Planteó que existe una dispersión institucional y debilidades de coordinación e insuficiente financiamiento para la gestión del agua.
Por ello, Lizardo entiende necesario que se adecúe el marco legal de la gestión de recursos hídricos con los principios de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con los mandatos que se derivan de la Constitución.
Al referirse a la Ley de Aguas que se analiza en el Congreso hace más de dos décadas, dijo que debe ser “un nuevo régimen para otorgar derechos y permisos de uso de agua”, por lo que a su juicio impone cambios en la forma en que se ha gestionado el recurso en el país.
Lizardo enfatizó que el nuevo marco legal tiene que disponer de una institucionalidad con roles bien diferenciados. “La ley de Aguas tiene que definir objetivos, principios, institucionalidad e instrumentos que aseguren la sostenibilidad ambiental del recurso, sostenibilidad social de sus servicios, sostenibilidad económica de sus usos y aprovechamientos”.
Asimismo, durante el Diálogo de INTEC para la Acción, la profesora Solhanlle Bonilla-Duarte, puntualizó como necesario la gestión integral del paisaje que provee servicios ecosistémicos vitales y una gobernanza en la gestión recursos hídricos. Además, planteó la necesidad de lineamientos y roles definidos, creación de instrumentos financieros para la gestión de servicios ecosistémicos y el uso sostenible de los recursos hídricos.
También, Bonilla-Duarte dijo que falta eficiencia en la gestión del agua para riego, tarifas hídricas ambientalmente ajustadas y la investigación para planificación y toma de decisiones.
