La situación macroeconómica de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) se fortaleció, según algunos índices de crecimiento de entidades internacionales, lo cual ayudó a mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región y, al mismo tiempo, aumentó la necesidad de nuevas infraestructuras.
El desempeño de América Latina y el Caribe varía por país y sector. La región invierte solo un 2.8% de su producto interno bruto (PIB) en infraestructura, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que refleja el lento crecimiento de la región en conjunto.
El BID señala que ese bajo promedio lo determinan Argentina, Brasil y México, mientras muchos otros países, como Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú, invierten más del 4% de su PIB por año. El reto para aumentar las inversiones en infraestructuras son las alianzas público privadas (APPs) o proyectos público privados (PPP) que enlazan conocimientos, estrategias y fondos de inversión.
El informe del BID indica que la participación privada en inversiones de infraestructura ha aumentado en los últimos 20 años, llevando a la región a representar el 40% de inversiones de este tipo a nivel mundial.
Sin embargo, pese al paulatino aumento en inversión, los países que forman parte de la región necesitan alcanzar el 5% o movilizar US$100,000 millones al año adicional, para cumplir con el objetivo en inversión y esperar los efectos en el crecimiento regional.
Proyectos de APPs en región
Actualmente las APPs o los PPP se aplican en más de un centenar de países y de acuerdo con el Banco Mundial, se han suscrito contratos por cerca de US$600,000 millones en los últimos cinco años. Estos proyectos representan entre el 10% y el 15% de las inversiones en infraestructura en general, en economías avanzadas como Australia y Reino Unido.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) organizó un evento en España el año pasado en el que se ponderó, según una publicación de El Espectador, de Colombia, que ese país cuenta con el programa de APP más grande de América Latina.
El Espectador dice: “Con 30 proyectos estructurados y una inversión de US$16,000 millones, la política de vías de cuarta generación o 4G es el programa de asociaciones público privadas más grande de América Latina. Así lo destacó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas en el marco del panel infraestructura para la integración y su impacto en la productividad regional”.
Resalta la modernización del aeropuerto El Dorado, con una inversión de US$3,300 millones que permitió la ampliación de la terminal de pasajeros, nueva torre de control y construcción del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia.
En la actualidad, Uruguay tiene en proceso cuatro proyectos, incluyendo un recinto penitenciario para alojar a 2,000 reclusos, un corredor vial en el sureste para carga de madera, otro enfocado en las vías férreas y uno para reconstruir el Museo del Tiempo.
México ha creado alianzas para beneficio del sector eléctrico, transporte y penitenciario. Como muestra de trabajo se encuentra un contrato por diez años entre el Gobierno del Distrito Federal y la empresa francesa Citelum para colocar 36,922 lámparas en vías principales.
Otro ejemplo, es el sistema de transporte público, en este caso el metro, con un contrato de prestación de servicios por 15 años para el arrendamiento de unos 30 trenes de la línea 12. Posteriormente surgió otra alianza para la operación de la línea tres del tren.
También México concesionó a Homex con la modalidad de APP, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la construcción y mantenimiento de dos cárceles bajo convenio por 20 años.
Costa Rica tras ser el país que inició proyectos de APPs con mayor consistencia y participación se ha rezagado al pasar el tiempo. Luego de regular su marco jurídico utilizó como proyecto piloto una estación de tren en el cantón de Flores, provincia Heredia. En la iniciativa participarán MAVSK Arquitectos, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Municipalidad de Flores.
Perú logró bajo esquema de alianzas crear un contrato por 20 años con empresa privada para el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento y operación de un sistema de telecabinas, para el acceso rápido, cómodo y seguro a la Fortaleza de Kuélap. El proyecto cofinanciado conlleva una inversión de unos US$17.6 millones.
Otro convenio fue la construcción de la Escuela Técnico Superior de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo, el cual demandó la inversión de 40.7 millones de soles e integra a un consorcio conformado por Backus AB InBev, Barrick, Banco de Crédito del Perú (BCP) y Poderosa.
Inversión
La modalidad de ejecución de contratos en la que se integra el sector privado y el público para infraestructuras o servicios públicos genera beneficios a la población a largo plazo. De acuerdo con varias fuentes, en Latinoamérica y el Caribe, para 2015 se cerraron 128 contratos por US$35,200 millones, a pesar del desplome en Brasil, que redujo su actividad de más de US$45,000 millones a menos de US$5,000 millones.
En ese sentido, el sector público de los países de la región asumió más del 50% en inversión, destinando la mayor proporción a los sectores de transporte, energía y telecomunicaciones, mientras que los más rezagados fueron agua, saneamiento, educación y salud.
En un contexto generalizado, la deficiencia en infraestructura ensancha una brecha negativa consistente con los resultados del último Informe Global de Competitividad, siendo la innovación de la Cuarta Revolución Industrial el impulso para la aceleración del ciclo y para terminar con esa brecha.
De diez países analizados en materia de APPs al 2015, Nicaragua encabeza la lista de naciones que rompieron la barrera del 3% en inversión, a la que la región no llega en conjunto. Este país invirtió aproximadamente US$750.3 millones, 5.9% del PIB en infraestructura, asignando 2.4% a telecomunicaciones y 2.1% al transporte.
Panamá, que presenta resultados superiores a su nivel de ingreso, invirtió el 4.5% de su PIB en infraestructura, equivalente a cerca de US$2,274.7 millones. La mayor parte de las inversiones (el 4.3%) se ha concentrado en el sector transporte.
En tercer lugar, está Costa Rica, con el 4.1% del PIB, referente a una inversión de US$2,147.9 millones en infraestructura. La mayor parte se ha concentrado en los sectores de transporte (2.3% del PIB) y energía (1.1% del PIB).
Superando por poco el 3% que no alcanza la región en conjunto se encuentran Belice y Honduras, con 3.9% del PIB y 3.7% del PIB. Invirtieron US$67 millones y US$753.1 millones en infraestructura. En el caso de Belice, asignó 1.3% del PIB al transporte y 1.1% a telecomunicaciones.
A diferencia de los países vecinos, la mayor parte de la inversión en infraestructura en Honduras ha sido asumida por el sector privado (69% del total) y asignada a los sectores de energía (2.6% del PIB) y transporte (1.1% del PIB).
Mientras que entre los países más rezagados en cuanto a inversión del PIB en infraestructura se encuentra México, el cual destinó 2.1% del PIB (US$22,875 millones). La mayor parte de sus inversiones se concentró en los sectores de energía (1.5% del PIB) y transporte (0.5% del PIB).
República Dominicana invirtió aproximadamente US$1,289 millones (el 1.9% del PIB), concentrados en los sectores de energía (0.9% del PIB) y transporte (0.8% del PIB).
El Salvador tuvo para 2015 una inversión muy parecida a la de República Dominicana, con el 1.8% del PIB (unos US$474.3 millones), los cuales se concentraron en los sectores de energía (0.9% del PIB) y transporte (0.8% del PIB).
En el caso de Guatemala, con una carga pública del 90% de inversión, solo destinó el 0.6% de su PIB (cerca de US$362.7 millones), sobre todo al transporte (0.5% del PIB) y energía (0.1% del PIB).
Marco regulatorio
Los países que cuentan con normativas legales estables, como base para ejecución de las APPs, son Colombia, Chile, México y Perú. Mientras que, algunas de las naciones que están iniciando o retomando el modelo son Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
República Dominicana es uno de los pocos países en Latinoamérica que no cuenta con un marco legislativo. A pesar de disponer de privilegiadas estructuras, requiere mayores inversiones, por lo que distintos sectores y organizaciones, como el BID, sugieren la aprobación del proyecto de ley para la creación de un marco regulatorio.
Haití, aunque ha avanzado en el tema de modernización, carece de APPs, es decir, no figura en el Infrascopio del BID y se halla entre los países de menor desarrollo de la región en el indicador de adquisiciones del sector público del Banco Mundial (BM). Sus iniciativas han logrado, con apoyo del BID, emitir documentos sobre procedimientos, modelos financieros, protocolo de colaboración, políticas sectoriales, proyecto de ley, entre otros.
