Santo Domingo.- El 2014 fue un año fructífero para el Tribunal Constitucional (TC), con un aumento de 40% de las sentencias emitidas y 15 precedentes vinculantes, siete de los cuales se emitieron para resolver conflictos económicos, que abarcan desde asuntos tributarios hasta la preservación del derecho a la propiedad privada.
El TC determinó que no existe norma que autorice a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a realizar el bloqueo de la emisión del Número de Comprobante Fiscal (NCF) o impedir que las empresas contribuyentes lo utilicen.
También, consideró que la agencia tributaria no puede utilizar las nuevas tecnologías ni medios electrónicos para impedir y bloquear las actividades empresariales, pues se opone al principio de “la buena administración”, aseguró el presidente del tribunal, Milton Ray Guevara, durante la audiencia de rendición de cuentas 2014 de la alta corte en la sede de la Suprema Corte de Justicia.
Además, el TC ordenó la inclusión en el Presupuesto General de la Nación del pago correspondiente a los hermanos Olga Nova Muñoz (82 años) y Juan Nova Muñoz (76 años), quienes fueron expropiados por el Estado desde hace 38 años sin recibir el pago justo.
Ray Guevara consideró que el sector público debe mostrar el ejemplo mediante el respeto del inviolable derecho de la propiedad privada y, en caso de expropiación, resarcir de forma justa.
El Tribunal Constitucional también dirimió el año pasado las diferencias entre la Junta Central Electoral (JCE) y el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas en lo referente a la rendición de cuentas.
De esta forma, determinó que la JCE escapa a todos los controles de vigilancia de la administración pública, pues recibe directamente de la Constitución su estatus y posición en la estructura del Estado, por lo que sólo puede ser fiscalizada por la Cámara de Cuentas.
Otro de los fallos jurisprudenciales del tribunal fue el rechazo de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 65-00 sobre Derechos de Autor, que prohíbe la importación paralela de obras audiovisuales sin el consentimiento del autor o representante legal en el país.
“El tribunal rechazó la acción considerando que el derecho de propiedad intelectual constituye la principal excepción a la libertad de empresa y libre competencia. Su naturaleza es otorgar a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto, por lo que es imprescindible su protección jurídica para garantizar una compensación adecuada”, explicó Ray Guevara.
Entre las determinaciones del TC también está la de que el requerimiento de la presentación de una cédula de identidad actualizada por parte de una aseguradora de fondos de pensiones a un solicitante de pensión por sobrevivencia por la muerte de su concubina no constituye una medida “desproporcionada ni irracional”, sino que a través de ello se persiguen fines constitucionales legítimos.
El TC le concedió al municipio de Jaquimeyes, provincia Barahona, la potestad de administrar las salinas del Puerto Alejandro, acorde con la Ley 5775 de diciembre de 1961. Este derecho era disputado con el Ayuntamiento de Barahona.
También, determinó que el espectro radioeléctrico es parte de los bienes intangibles de dominio público, que forman parte del patrimonio del Estado y que, por su función social, están sometidos a una legislación especial.
El Tribunal Constitucional estaba de aniversario este martes 27 y por tal motivo realizó diversas actividades, iniciando con una misa en Acción de Gracia, oficiada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en la Catedral Primada de América.
Luego, a las 11:00 de la mañana, la SCJ fue el escenario en que el presidente del TC rindió cuentas de la gestión de sus 13 magistrados en una Audiencia Solemne.
