Recibimos con alegría la declaración ejecutiva del presente año como el de la “innovación y competitividad” (Decreto núm. 453-18). La decisión oficial llama a las instituciones de la Administración a ser partícipes de las iniciativas y programas que fomenten esos dos elementos decisivos del crecimiento y desarrollo de las naciones, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
En línea con ello, hacia finales de abril, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), hizo pública su determinación de adoptar o adaptar tecnologías ya disponibles, así como “bienes de capital avanzados y buenas prácticas de manufactura” de clase global.
Los industriales enfatizaron, además, la importancia de consolidar los encadenamientos productivos, el rol de las compras públicas como mecanismo de fortalecimiento de la industria nacional y, finalmente, la necesidad de iniciar una serie de reformas estructurales, haciendo énfasis en la eléctrica, laboral y tributaria. No pudo quedarse el tema de la alianza público-privada (APP) que, de acuerdo con Finjus, no hace falta una ley para ello -ya se envió al Congreso un anteproyecto- por la atendible razón de que nuestra Constitución permite cualquier tipo de modalidad contractual para que el Gobierno delegue un bien o servicio público en un particular (Art. 147).
Con todas estas propuestas generales el sector empresarial pretende emprender el camino hacia la economía del conocimiento, una efectivamente competitiva cuyos obligados pivotes sean la innovación, investigación y desarrollo, lo cual supone, entre otras cosas, la priorización del capital humano de alta calificación. Como hemos reiterado públicamente en otros medios, son precisamente estas variables las que explican los rendimientos crecientes a escala, esto es, son las que efectivamente motorizan el crecimiento con bienestar.
Sin ánimo de polemizar, debemos decir que en este luminoso discurso quedaron fuera dos elementos cruciales. Hablar de un giro cualitativo en el modelo económico prevaleciente sin profundizar en ellos sería pura retórica discursiva.
En primer lugar, no pudimos advertir en las declaraciones de nuestros empresarios mención alguna del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, creado mediante Decreto 190-07, es decir, hace doce años. Olvidaron los contrafuertes de este Sistema, como son el Instituto de Innovación y Desarrollo Tecnológico, la Red de Incubadoras y los Parques Tecnológicos; también el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT). Lo peor, no mencionan al Consejo de Innovación y Desarrollo Tecnológico del que forman parte. Como sabemos, la misión de este Consejo es definitivamente crucial si en verdad la determinación es transitar a pasos firmes hacia una economía competitiva en términos dinámicos.
Nuestros empresarios olvidan que la apuesta por la innovación no se gana con declaraciones generales sobre trabas, encadenamientos productivos, alianzas para asegurar negocios legítimos con el Estado y otros “emprendimientos”, sino, como señala Freeman (1995), mediante la interacción dinámica de instituciones públicas y privadas relevantes que inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías o conocimientos económicamente útiles. ¿Resume este correcto enfoque de Christopher Freeman -“Ondas de Kondratiev” y contribuciones a la teoría del ciclo económico, eminente reactivador de la tradición neo-schumpeteriana- lo que debería ser en realidad el olvidado Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico?
En segundo lugar, en un discurso empresarial como el que tratamos -que todavía no se deja aceptar como esperanzador- ¿bastaría para dejarnos satisfechos la frase hueca y general “de fomento de la calidad” cuando sabemos que existe el Sidocal que ya tiene siete años de existencia? ¿Tendrá algo que ver este sistema con los renovados aprestos “innovadores, de investigación y desarrollo” de nuestra clase empresarial? ¿Podremos subir los primeros peldaños de la economía del conocimiento-tarea pendiente hace decenios-, sin contar con los servicios técnicos del Sidocal y sin que ellos alcancen el reconocimiento multilateral?
