Apropósito de este 4 de julio, concluye el período de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos (sesiona de octubre a junio de cada año). En una de sus últimas decisiones, la SCJ se pronunció sobre la facultad interpretativa de la propia institución que pronuncia un reglamento u otra norma legal, una sentencia que puede servir de guía en nuestro país.
En el caso de Kisor v. Wilkie, un veterano de la Guerra de Vietnam solicitó beneficios con base a una interpretación de la norma dictada por el Departamento de Veteranos de Guerra. El departamento interpretó la norma de manera distinta a lo solicitado por el demandante, y éste recurrió, alegando, en síntesis, que la norma era ambigua, y que, en base a los principios constitucionales y leyes estadounidenses, los tribunales debían pronunciarse sobre dicha ambigüedad, no la misma administración que promulgó la norma.
En EE.UU., las normas de derecho administrativo son muy avanzadas, principalmente debido al crecimiento del estado burocrático durante el Siglo XX. Ya la SCJ se había pronunciado en el famoso caso Chevron estableciendo la regla de que los tribunales solo deben pronunciar la invalidez de una norma administrativa si no es “razonablemente” cónsona con la ley, es decir, dándole grandes espacios a la administración para establecer las normas.
Asimismo, en otros casos posteriores, la SCJ estableció la doctrina Auer, en la cual a la administración se le concedía la potestad de interpretar sus propias normas, aunque fueran ambiguas. El demandante en el caso Kisor v. Wilkie alegaba que la doctrina Auer era contraria al debido proceso, ya que la misma agencia administrativa que promulgó una norma ambigua la interpretaba, por lo que no había garantía de certeza sobre la misma.
En una opinión muy fraccionada, la SCJ decidió mantener el criterio de la doctrina Auer, a la vez que anunció que muy próximamente tendrían que examinar su alcance, y que continuaría siendo objeto de cuestionamientos. Aunque la SCJ respaldó el poder del departamento federal en este caso, no fue sin amplios cuestionamientos y críticas ante la dificultad de identificar principios legales rectores que permitan fijar los límites interpretativos de la administración pública.
Aunque esta opinión se refiere a otro país, es un excelente ejemplo del tipo de jurisprudencia que se está presentando a nivel mundial ante el crecimiento del estado administrativo. La pregunta es, y seguirá siendo: ¿hasta qué punto puede la propia administración establecer e interpretar las reglas del juego?
