El pleno de la Cámara Baja de Brasil avanzó en la madrugada de este viernes en la revisión del marco general de la reforma de las jubilaciones impulsada por el Gobierno de Jair Bolsonaro, que ahora intentará concluir en una sesión convocada para este viernes.
El marco de la reforma fue aprobado este miércoles, pero fue objeto de revisión durante una sesión que duró unas doce horas y en la que se discutieron algunas propuestas complementarias presentadas por los partidos representados en el pleno de la Cámara de Diputados.
Por tratarse de una enmienda constitucional, el proyecto, una vez revisado, deberá ser sometido a una segunda votación en la Cámara baja, la cual se espera que pueda ser celebrada este mismo viernes, aunque eso dependerá de un acuerdo entre los grupos parlamentarios.
Si no hubiera consenso, se llegaría a un escenario no deseado por el Gobierno, pues la segunda votación quedaría pendiente para la semana próxima y sólo habría dos días útiles para ese trámite, ya que el miércoles el Congreso entrará en receso hasta el 1 de agosto.
Sólo después de la segunda sanción en la Cámara baja, el texto será remitido al Senado, que lo analizará en el segundo semestre.
El Gobierno, sin embargo, tiene prisa, ya que esa reforma es su gran apuesta para renovar el ánimo de los inversores y reactivar una economía que aún no se ha recuperado de la crisis del período 2015-2016, en el que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 7%, y que está bajo la amenaza de una nueva recesión este año.
La reforma propone endurecer el acceso a las jubilaciones en búsqueda de un ahorro fiscal equivalente a unos 265,000 millones de dólares en diez años, lo que según el Ministerio de Economía bastará para acabar con un crónico déficit fiscal y liberará recursos para la inversión en áreas como la salud y la educación.
Para lograr esa meta, el proyecto plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no es requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Una de las propuestas incorporada este jueves derrumbó un artículo, según el cual se permitiría que una pensión por deceso fuera inferior al equivalente a un salario mínimo, que fue establecido ahora como tope para esas situaciones.
En favor de ese cambio se aliaron paradójicamente los partidos de izquierda que engrosan la oposición al Gobierno de Bolsonaro y la llamada “bancada evangelista”, un grupo suprapartidario unido por esa religión e integrado en su mayoría por diputados oficialistas.
También, por un acuerdo de las diputadas de partidos de diversas tendencias, se redujo de 40 a 35 años el tiempo de contribución para que una mujer reciba una jubilación equivalente a su último salario.
Asimismo, tal como solicitó el Gobierno y con apoyo de casi todos los partidos, se decidió que los miembros de organismos de seguridad federales, salvo los militares, amparados por normas propias, tendrán un régimen diferenciado, debido al riesgo y restricciones de su trabajo, que entre otras cosas les niega el derecho a huelga.
