Se ha vuelto una costumbre ser testigos de las jornadas u operativos de destrucción de tragamonedas de parte del Ministerio de Hacienda.
¿De dónde salen tantas máquinas? ¿Por qué salen al mercado para instalarse en lugares prohibidos? ¿Quién se beneficia con este negocio ilegal? ¿Quién se hace de la vista gorda? Y por último: ¿Cuáles controles, si los hay, aplican las autoridades para sancionar a las empresas que, una vez desechan estos artefactos, los venden a sabiendas de que irán a parar a colmados, cafeterías, bancas deportivas y otros negocios?
Se supone que Hacienda debe tener un registro de cada máquina instalada en los casinos del país, es decir, los que operan legalmente. Una vez una de estas empresas decide cambiarlos, por la razón que fuere, es de esperarse que lo reporten a las autoridades. Cada una de estas máquinas tiene un número, un código, que es como si fuera su identificación.
Es de suponer, porque no hay mucha información sobre estos procedimientos, que al momento de “darle de baja” hay que agotar un protocolo. Particularmente no creo que estas máquinas sean importadas para ser instaladas directamente en cualquier lugar. Aduanas y Hacienda, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, tienen registros de los que importan y manejan este negocio en el país, que principalmente se da en los centros turísticos.
En días pasados el Ministerio de Hacienda destruyó 2,711 equipos que operaban de manera ilegal en establecimientos ubicados en el Gran Santo Domingo y otras demarcaciones del país. Entre los equipos destruidos figuran: 268 máquinas tragamonedas de colmados, 106 en bancas deportivas y casinos; 767 verifones, 192 routers, 1,114 impresoras; 53 celulares, 94 impresoras de teléfonos móviles y 117 máquinas de concesionarios de loterías electrónicas. ¡Por Dios!
