“Si bien Panamá permanece entre las economías más dinámicas de América Latina, la recuperación económica ha sido más lenta que lo que se anticipaba”.
Esas fueron las declaraciones emitidas por Alejandro Santos, miembro de Fondo Monetario Internacional (FMI), al concluir la visita oficial realizada del 17 al 23 de julio de 2019.
De acuerdo con Santos, si bien se había proyectado un crecimiento del 6% en la última visita realizada (febrero 2019), los datos más recientes apuntan a una recuperación pausada, “lo que nos ha llevado a revisar a la baja nuestras proyecciones de crecimiento para 2019 a 5%”.
El producto interno bruto (PIB) real creció a una tasa anual de 3.1% en el primer trimestre de 2019 (comparado con el 4% en el mismo período el año pasado), debido a un debilitamiento en los sectores de construcción y servicios.
Santos afirmó que los aspectos fundamentales de la economía panameña siguen siendo sólidos, y se espera que ésta se recupere y que el año próximo alcance su crecimiento potencial de 5.5%, con una inflación que se aproximará al 2% en el mediano plazo.
En cuanto al sistema bancario, el FMI aseguró que sigue estando bien capitalizado y con liquidez suficiente con un bajo índice de cartera vencida.
La posición externa se seguirá fortaleciendo en el mediano plazo”, dijeron.
La balanza de riesgos a futuro se inclina hacia abajo, a causa del temor de que aumente el proteccionismo comercial, el debilitamiento de la economía global y la potencial presión en las relaciones de los bancos corresponsales.
En lo que refiere a cuentas públicas, el reporte indica una caída en los ingresos fiscales y una aceleración en la implementación del gasto presupuestal, lo que conducirá a un déficit fiscal en la primera mitad del presente año por encima del límite de 2% del PIB.
Las autoridades estiman que, de no contar con medidas correctivas, el déficit fiscal podría llegar a casi 4% del PIB en 2019.
El FMI indicó que las autoridades panameñas esperan reducir el déficit fiscal en más del 2% del PIB para el 2021 con lo que podrán cumplir con límite de déficit de 1¾% del PIB que señala la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal.
“Para sostener el crecimiento incluyente en el mediano plazo se requerirá reforzar la agenda de reformas estructurales, en particular en los temas de educación, seguridad social y servicios públicos de salud.”, indica el informe. “Será necesario mejorar las recaudaciones y contar con controles más estrictos de gasto gubernamental para mejorar la gestión macroeconómica, crear el espacio fiscal necesario para cubrir el costo de las reformas futuras y fortalecer la disciplina fiscal”.
