La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inició una nueva jornada de capacitación de actualización relativa la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, siglas en inglés).
Estas capacitaciones están dirigidas a las entidades financieras, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, de Seguros y de Valores.
Las jornadas que comenzaron este lunes 5 de agosto, abarcan al personal de los bancos múltiples, de ahorro y crédito, asociaciones de ahorro y prestamos, corporaciones de crédito, puestos de bolsas y aseguradoras.
Impuestos Internos también comunicó a las entidades financieras la entrada en vigencia del Acuerdo Intergubernamental, Estados Unidos-República Dominicana, para Mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional (IGLA) y poder aplicar la Ley FATCA, ratificada por el Congreso Nacional.
En ese sentido, la DGII solicitó a las entidades financieras la conformación de los equipos encargados de operativizar el acuerdo. El propósito es disponer de esta información, como paso previo para proceder a remitir las instrucciones de registro y uso de la plataforma habilitada para el intercambio y reporte de la información que debe ser remitida al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en ingles).
La entrada en vigencia del acuerdo se produce a partir de la nota diplomática emitida el pasado 17 de julio, notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana al Gobierno de Estados Unidos. El convenio regula el intercambio de información, a través de un sistema automatizado, de Cuentas Reportables entre los Estados Unidos y República Dominicana.
En ese sentido, las entidades financieras dominicanas deberán identificar las cuentas de personas físicas, jurídicas u otras entidades especializadas como los fideicomisos estadounidenses, para remitir las informaciones pertinentes al IRS, desglosando sus movimientos, cuentas, recibos y otras operaciones.
En tanto, Estados Unidos debe remitir al Gobierno dominicano informaciones sobre cuentas de los residentes en República Dominicana, mantenidas en instituciones financieras de ese país norteamericano.
También dispone que en caso de que las instituciones financieras dominicanas no remitan las informaciones en el marco del acuerdo, se considerarían instituciones no cooperantes y estarían sujetas a una retención de un 30% sobre todas las transferencias que reciban desde Estados Unidos, ya sean directas o indirectas.
