Los planes del presidente de EE.UU., Donald Trump, de celebrar el próximo G7 en su club de golf en Florida han reactivado el debate sobre los conflictos de interés derivados de sus negocios, un tema que indigna a expertos en ética pero que apenas ha tenido repercusiones para el mandatario.
“Esto no se trata de mí, se trata de conseguir el lugar adecuado”, aseguró Trump al anunciar, este lunes, que se inclina por su propio resort de lujo en Doral (Florida) para acoger en 2020 la cumbre del G7, una idea que algunos observadores consideran inconstitucional.
El argumento del “lugar adecuado” fue el mismo que empleó el martes una fuente cercana al fiscal general de EE.UU., William Barr, para justificar los planes del secretario de Justicia de celebrar en el hotel Trump de Washington su fiesta navideña anual, que aportará unos 30,000 millones de dólares al establecimiento.
Los de esta semana son apenas dos nuevos ejemplos de los más de 2,300 posibles conflictos de interés en los que Trump ha incurrido desde que llegó al poder en 2017, según una investigación publicada este mes por el grupo independiente Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, en inglés).
Además, el propio Trump ha mencionado o promocionado sus propiedades de lujo en al menos 70 ocasiones en discursos oficiales, de acuerdo con un análisis del diario The Washington Post.
Cuando ganó las elecciones en 2016, el exmagnate inmobiliario cedió a sus dos hijos varones mayores el control de su entramado empresarial, la Organización Trump, pero no llegó a liquidar sus intereses en esos negocios, y su mandato ha estado salpicado de indicios de que podría lucrarse gracias a su cargo.
“Su control sobre la Organización Trump proporciona un camino claro para que muchas personas y entidades busquen ganarse el favor del presidente mediante gastos” en sus propiedades, explicó hoy a Efe la directora de Políticas Públicas en el independiente Proyecto de Supervisión del Gobierno, Liz Hempowitz.
Desde enero de 2017, cuando Trump llegó al poder, 111 funcionarios de un total de 65 gobiernos extranjeros -entre ellos los de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil- han visitado una de las propiedades del presidente, según el citado informe de CREW.
El hotel de Trump en Washington, en particular, se ha convertido en una parada interesante para quienes buscan promover sus intereses, como demostraron las frecuentes visitas de ejecutivos de la telefónica T-Mobile justo antes y después de que el Gobierno diera su visto bueno a la fusión de esa empresa con Sprint.
Pero el ejemplo más flagrante de esa tendencia, indicaron los expertos consultados por Efe, es la presión del presidente para que su club en Doral -cuyos ingresos han caído el 69 % en los últimos dos años, según datos del condado de Miami-Dade- acoja la próxima cumbre de las principales economías industrializadas.
“Celebrar el G7 en su club de Doral significa que seis Gobiernos extranjeros pagarán grandes cantidades de dinero para que los líderes de sus países acudan a un lugar del que el presidente de EE.UU. se beneficia financieramente de forma personal”, resumió Hempowitz.
“No puede haber una violación más clara -añadió- de la cláusula sobre emolumentos” en la Constitución estadounidense, que impide a “cualquier persona con funciones públicas” recibir regalos o pagos de figuras extranjeras.
Con ella coincidió Robert Gordon, experto en Ética Gubernamental en la Universidad de Stanford, aunque también recordó a Efe que, bajo Trump, el Departamento de Justicia ha decidido que esa cláusula constitucional solo se aplica a “oportunidades de empleo” y hasta ahora, ha convencido de ello a los tribunales.
El pasado julio, una corte federal de apelaciones invalidó una demanda del estado de Maryland y el Distrito de Columbia, que acusaban a Trump de violar esa cláusula constitucional y de perjudicar a otros negocios en Washington al promocionar su hotel en la capital.
Otros litigios contra Trump por motivos éticos también han sido infructuosos, lo que ha generado una impresión de impunidad entre quienes ven indicios de corrupción en sus acciones de Gobierno.
Pero otra demanda que acusa al mandatario de violar la misma cláusula de la Carta Magna, presentada en 2018 por más de 200 legisladores demócratas, sigue su curso en los tribunales, y todavía “podría tener resultados”, recordó Gordon.
Mientras, Trump insiste en su argumento de que, lejos de enriquecerle, llegar al poder le ha ocasionado pérdidas de “entre 3,000 y 5,000 millones de dólares”, sin aclarar la fuente del dato.
Es el alegato de un multimillonario que asegura haberlo dejado todo por el bien del pueblo y que dona trimestralmente su sueldo como presidente, pero que, al mismo tiempo, se niega a publicar su declaración de impuestos o a deshacerse de sus intereses empresariales.
