Los parques privados de zonas francas que operan en República Dominicana tenían a junio de este año 86,993 empleados, lo cual equivale al 52.7% de los 164,832 trabajadores del sector. Mientras, las de administración “mixta” aportaban el 12.2% (20,157).
Los empleos en los parques privados se dispararon en un 219.8% desde 2015, cuando tenían 27,183 puestos de trabajo, según las estadísticas suministradas por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).
El valor de las exportaciones de las zonas francas en 2018 fue de US$6,230 millones, de los que los parques de administración privada representaron US$4,276.4 millones, equivalente a un 68.6% del total. Los de administración mixta aportaron US$82.7 millones y los especiales US$306.5 millones.
Los manejados por el Estado, que tenían 26,147 empleados, exportaron productos y servicios por un monto de US$761.7 millones durante 2018.
Los parques privados, como negocios, hacen un mayor esfuerzo que los del sector público para atraer la instalación de empresas, estima el economista Pavel Isa Contreras. “Su rentabilidad depende del número de empresas que se instalen y del tamaño que tengan. Yo creo que son más proactivos en buscar empresas”, dice.
“La atracción de inversiones al país no corresponde a los parques, sino al Consejo Nacional de Zonas Francas en particular, pero los parques también se activan y tratan de ofrecer las mejores condiciones y servicios a las empresas que están en los parques de diferentes tipos. Puede ser servicios para los empleados, manejo de nómina… O sea, hay un conjunto de servicios que ofrecen las empresas operadoras a las que se instalan y que hacen que los parques privados puedan ser atractivos, cosa que no pasa en los parques públicos”, sostiene.
Isa Contreras estima que los parques públicos jugaron un rol y proliferaron como una especie de subsidio en la década de 1980, cuando en el país arrancó de manera definitiva el modelo de zonas francas. “El Estado ponía la tierra, la infraestructura básica, incluso construía naves para que las empresas se instalarán”.
El economista recuerda que el Estado instaló parques en algunos pueblos, pero “están cerrados porque se fueron las textileras y lo que ha habido es una mayor concentración en otros parques”.
Hace poco la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocamaras) mostró una especial preocupación por el estado “de abandono” en que se encuentran las instalaciones de las zonas francas del sector público en el Cibao. “Lo primero es que saludamos las zonas francas privadas, a las que se les ha dado facilidades. Pero si las comparamos con las públicas que operan en lugares como La Vega, Baní, Salcedo o San Pedro vemos un estado de deterioro”, dice su presidente, Claudio Fernández Martí.
Entiende que a los parques de esos pueblos les falta mantenimiento en calles y aceras. “Todos se ven en deterioro, son zonas francas viejas, lo que las hace menos competitivas que las privadas. Los edificios están obsoletos y deben ser renovados acorde a los nuevos requerimientos internacionales”. Deplora la mala calidad de los servicios, como la recogida de basura, el agua o la seguridad, que se ofertan a las empresas instaladas. “Los inversionistas se van a las privadas”.
La voz del Estado
El subdirector ejecutivo del CNFE, Daniel Liranzo, tiene otra visión de los parques administrados por el Estado. “Realmente no están abandonados. De hecho, están en un proceso de remodelación y de actualización”. Cita que el Gobierno ya reparó tres naves de la zona franca pública de Bonao.
Liranzo resalta que la zona franca pública de San Pedro de Macorís está llena y ya el Gobierno autorizó la ampliación del parque, mientras que la de Baní pasó a Proindustria por disposición del Ministerio de Hacienda que la recibió después que el Bandex la asumió en dación de pago.
Insiste en que varias de las naves públicas en distintos puntos del país están siendo remodeladas y que, de hecho, muchas ya están rentadas para iniciar operaciones.
“Lo que pasa es que hay áreas, y vamos a ser realistas, en las que le es difícil a las empresas conseguir empleados. Por ejemplo, en la zona franca de San Francisco de Macorís. Por más esfuerzos que se haga ahí, las personas no quieren ir a trabajar a la zona franca, entonces las empresas no van a querer instalarse ahí porque van a tener problemas con la mano de obra”, reconoce el funcionario.
Atribuye el desinterés de los habitantes de San Francisco de Macorís al hecho de que muchas familias de esa provincia viven de las remesas, “y no quieren ir a trabajar a la zona franca”.
“No es por el Gobierno, el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos necesarios. Hemos ido con los técnicos, con el Senador, con las autoridades de esa provincia para enfatizar la necesidad de que ahí se creen empleos. Pero se hacen ferias de empleos y es un problema conseguir empleados que quieran ir a trabajar a esa zona franca”.
