El cambio de la matriz de generación es una de las principales metas que se ha trazado el Gobierno como forma de solucionar de manera definitiva la crisis energética que tanto costo y tantas pérdidas provoca al país.
La intención es sustituir generación con combustible derivado del petróleo por otros menos lesivos al medio ambiente y por supuesto de menores costos, como el carbón mineral y el gas natural. En el caso del carbón mineral, el Gobierno apuesta a la construcción de dos generadoras de 360 megavatios cada una que implican una inversión que podría superar los US$2,000 millones.
En cuanto al gas natural, las inversiones son menores y los efectos positivos más inmediatos, pues lo que se hace es convertir plantas existentes que operan con fuel oil a una tecnología que les permita operar con un combustible menos costoso y noble con el medio ambiente.
El consorcio privado Antillean Gas LTD ha decidido invertir US$300 millones en una nueva terminal de gas natural, que además de garantizar el abastecimiento constante de ese combustible, promete impulsar la conversión a gas natural de 950 megavatios de plantas que actualmente operan con altos costos, porque dependen del fuel oil 6 y 2, combustibles derivados del petróleo.
Se podría pensar que el petróleo está barato y por eso no sería necesaria esa inversión, pero el asunto es que la baja del crudo en el mercado internacional es fruto de situaciones coyunturales y temporales, por lo que en cualquier momento la escalada alcista de ese producto vuelve a los mismos niveles de antes, cuando rondaba los US$100.00 el barril.
Para tener una idea de qué implica la nueva terminal de gas natural y la conversión a ese combustible de plantas existentes, basta con observar que en este momento la capacidad instalada de generación es de 3,688 megavatios. De esa cantidad, sólo se utilizan alrededor de 1,900 megavatios, debido a que el costo de generación es muy elevado y el déficit operativo de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste no les permite abastecer todo lo que demanda el país. Es decir, hay apagones.
De la capacidad instalada que hay en el país, sólo el 18% es de gas natural, alrededor de 663 megavatios; mientras que el 57% es de plantas que dependen de combustibles fósiles (petróleo) y el resto se divide entre carbón mineral, hidráulica y eólica. Sin embargo, con la conversión de 950 megavatios a gas natural, las plantas dependientes de petróleo bajarían de 57% a un 32%, y las de gas natural subirán de 18% a 43.7% de la oferta de generación.
Si es así, ¿por qué los dueños de esas plantas no han hecho la conversión a gas natural? La respuesta se resume en el hecho de que la única terminal de gas natural existente en el país (AES Dominicana), no tiene la capacidad de importación suficiente para abastecer la potencial nueva generación.
Por eso, los mismos promotores de la conversión a gas natural de esos 950 megavatios son los que abogan e invierten en parte los recursos para la construcción de la nueva terminal, que acabaría con la posición monopólica de ese mercado en el país.
Un camino tortuoso
Desde hace una década el Gobierno venía negociando con la empresa que tiene la única terminal de gas natural en el país para la garantía de suministro y construcción de un gasoducto que llevara energía a las plantas que califican para la conversión. Pero los esfuerzos fueron inútiles. Nunca se logró ese objetivo.
Ante la imposibilidad de obtener gas natural de parte de la terminal que opera como un monopolio en el país, un grupo de empresarios nacionales decidió asumir el reto y, con el apoyo decidido del presidente Danilo Medina, se embarcaron en la construcción de una nueva terminal de gas natural que dará paso a la libre competencia, garantizará el suministro constante de ese combustible e impulsará la conversión de al menos 950 megavatios para generar a más bajo costo.
Una vez instalada esa terminal, que se construye con una inversión de US$300 millones a cargo del consorcio Antillean Gas LTD, el ahorro inmediato para el Estado, a través del sector eléctrico, sería de por lo menos US$200 millones anuales.
Sin embargo, a pesar de que hace justamente un año (18 de febrero de 2014) que el presidente Medina encabezó el acto de inicio de los trabajos para la construcción de la terminal de gas natural, los avances han sido muy pocos. Una serie de trabas surgidas directa e indirectamente de partes interesadas ha retrasado el proyecto.
¿Quiénes están torpedeando el proyecto?
A principios de este mes el periódico Listín Diario publicó una información en la que aparecen las manifestaciones de defensa y de apoyo al proyecto de la terminal de gas natural de parte del ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, así como del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara.
También esperan por esa terminal el presidente del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa, y los ejecutivos principales de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (CESPM), antigua Cogentrix, Roberto Herrera, que convertirá sus 300 megavatios a gas natural desde que esté lista la terminal, así como el gerente general de la Empresa de Generación Eléctrica (EGE-Haina), que opera varias terminales que también serán convertidas a ese combustible.
El gerente de EGE-Haina, Edgar Pichardo, no identificó a los que pudieran estar torpedeando la terminal, pero señaló lo siguiente: “La terminal de gas es una alternativa real que debemos apoyar para que la generación térmica de la zona tenga alternativas para obtener gas natural sin las trabas que hasta hoy hemos experimentado”.
Esa expresión es una confirmación de que el proyecto está sufriendo trabas, a pesar de que es una decisión impulsada por el presidente Medina y es imprescindible para desarrollar el plan de solución de la crisis energética nacional.
La importancia de esta obra radica en que permitirá a República Dominicana la transformación de cerca de 1,000 megavatios de generación de electricidad, utilizando un combustible más barato y limpio o amigable con el medio ambiente, además de que tendría una capacidad de almacenamiento de 127,000 metros cúbicos.
La terminal no sólo incrementa la capacidad de almacenamiento de combustible del país, convirtiéndolo en uno de los principales de la región, sino que ofrece garantías de seguridad energética en caso de alguna eventualidad en el mercado internacional, lo cual se convierte en un asunto de seguridad nacional.
Inversión. Los promotores de este proyecto energético tienen en carpeta una inversión de US$300 millones, a fin de construir una terminal que cumpla con todos los requisitos tecnológicos, de seguridad y estándares internacionales.
Socios. Las empresas Propagás, Grupo Marti PG, Promigás, Ipson, Inter Energy y BW suscribieron el denominado Acuerdo de Desarrollo Conjunto, por medio del cual aseguran la construcción de la referida terminal, y el suministro de gas natural a las empresas de generación eléctrica que se encuentran localizadas en la región Este.
Respaldo. Diversas entidades empresariales han apoyado la construcción de esta terminal de gas natural, entre estas la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
