La ampliación de la matriz energética de República Dominicana con fuentes renovables, además de ser amigable con el medio ambiente, permite garantizar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos, lo cual hace posible la sostenibilidad financiera del sector.
El planteamiento lo hace el director de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Ángel Canó, quien explica que en términos generales, en el país en 2019 se registró un crecimiento en la capacidad instalada de 1,009 megavatios (MV), al pasar de 3,841 MV en 2018 a 4,850 MV, para un incremento relativo de un 26%.
Canó asegura que en el caso de generación a base de fuentes primarias de energías renovables, el año pasado la capacidad instalada aumentó 257.3 MV (un 85%), al pasar de 301 MV instalados al 2018 a 558.3 MV en 2019.
“A 2019, la inversión en proyectos de fuentes de energías renovables a gran escala ascendió a un monto superior a los US$530 millones”, señala Canó.
Explica que el aumento de la capacidad instalada fue debido a la entrada en operación de los siguientes parques eólicos: Aguas Claras, con 50 MV (Montecristi); Matafongo, con 34 MV (Baní); El Guanillo, con 50 MV (Montecristi), y Los Guzmancitos, con 48.3 MV (Puerto Plata). También, con los proyectos solares Mata de Palma, con 50 MV (Municipio Guerra), y Canoa, con 25 MV (Barahona).
El director de la CNE resalta que “la generación por fuente primaria de energías renovables (eólica, solar y biomasa) representó un 4.49% en 2018, mientras que al cierre de 2019 representó el 6.20%. En iniciativas de autoproducción, bajo el mecanismo o programa de medición neta (PMN), pasamos de 93.02 MV de capacidad instalada en 2018 a 125.88 MV en 2019”.
Canó entiende que la diversificación de la matriz de generación eléctrica, especialmente a base de fuentes renovables, ha permitido que el país sea un referente en la región, resaltando como la tercera nación de América Latina que más impulsa energías renovables.
“De acuerdo al ranking presentado por Pan American Finance, durante un foro de energía celebrado recientemente en Miami, República Dominicana pasó del puesto cinco al tres como una de las naciones más atractivas para la inversión en energía renovable de Centroamérica y el Caribe. El informe indicó que el país está solo por debajo de Panamá y Guatemala, pero por encima de Costa Rica, Jamaica y Honduras”, dice Canó.
Además, señala que en el país es donde más ha crecido la autogeneración de energía en hogares, empresas e industrias, a través del Programa de Medición Neta, el cual ha hecho posible que excedente que se produce en esos locales se venda a las empresas distribuidoras.
Retos del sector eléctrico
El director de la CNE entiende que la diversificación de la matriz de generación eléctrica mediante el aumento de la capacidad instalada a base de fuentes renovables no convencionales, fue uno de los principales desafíos que enfrentó el sector eléctrico en 2019.
“El reto más importante que tiene el país, desde el punto de vista regulatorio y de operación en materia de energía renovable, está en la red de transmisión, ya que la ubicación óptima de los recursos para este tipo de energía no se encuentran cercanas a los centros de carga. Es por ello que el gran desafío del país es tener una infraestructura de transmisión que permita la inyección de toda la energía renovable que se estará produciendo en los próximos años”, especifica Canó.
Además, afirma que hay que establecer una serie de criterios de cómo esa energía va a ser operada en términos de inyección a la red.
Aciertos en materia energética
Entre los principales aciertos del sector eléctrico en 2019, el director de la CNE destaca la confianza de los inversionistas privados y las bondades que ofrece la Ley 57-07 en cuanto a la aplicación de incentivos.
El funcionario destaca la creación de condiciones para la construcción y puesta en servicio de un gaseoducto de 50 kilómetros, con una inversión de más de US$100 millones. Este proyecto permitirá la conversión de 750 megavatios de unidades de generación situadas en la costa Este que estarán listas en el primer semestre del 2020 para operar con gas natural.
“El año pasado aumentó la recepción de solicitudes de concesión provisional para proyectos de fuentes renovables eólicas y fotovoltaicas. Al cierre de 2019 habían aprobadas 21 solicitudes de proyectos de fuentes eólicas y fotovoltaicas a escala comercial. Esto permitió también la elaboración de un nuevo procedimiento que complementa la normativa vigente a los fines de evaluar, entre otros aspectos, la idoneidad y capacidad técnico-económica de las entidades solicitantes de concesiones provisionales, utilizando criterios objetivos”, dice Canó.
Explica que dentro de las metas del sector para este 2020 están: dar continuidad a los avances impulsados con miras al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo; volcar la mirada de manera concreta al problema de la dependencia de los derivados del petróleo y empezar a desmontar aquellas barreras que puedan representar obstáculos para las renovables y la transición energética.
“Este año buscamos hacer posible la aprobación y promulgación de la Ley de Eficiencia Energética y el establecimiento de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Además, el llamado a licitación y subastas para nuevas centrales de generación de energía eléctrica (600 MV gas natural y 450 MV energías renovables no convencionales) y la adaptación a las nuevas modalidades operacionales del reglamento de generación distribuida”, señala Canó.
El director de la CNE resalta que también el sector busca lograr el fortalecimiento de las redes de transmisión para permitir mayor inyección de fuentes renovables a largo plazo, aumentar de la capacidad instalada de energía renovable y mantener un mínimo base térmico en el sistema para garantizar su seguridad.
Además, el establecimiento de una ventanilla única para facilitar aún más los trámites y procesos administrativos de las inversiones de proyectos de energías renovables, algo que ya se está trabajando con el proyecto de transición energética en colaboración con la Cooperación Alemana (GIZ), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Consejo Nacional de Competitividad.
