Justo antes de que despidiéramos el 2019, el presidente Danilo Medina emitió un decreto en el que declara al 2020 como “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”. Esta decisión, según varios considerandos, está sustentada, entre otras cosas, en el Artículo 54 de la Constitución que dispone la promoción de la investigación y la transferencia tecnológica como ejes transversales para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario.
El Gobierno, para respaldar la mencionada decisión, también apela a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo con relación al apoyo que se debe dar a la agricultura familiar como mecanismo de reducción de la pobreza rural y de seguridad alimentaria.
De la misma manera, el Decreto hace referencia al Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y a la necesidad de garantizar que las personas tengan ingresos suficientes para adquirir los alimentos requeridos. Un elemento adicional que sustenta la declaración del 2020 como “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”, es el propósito de Hambre Cero al 2030 que se plantea como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Varias observaciones sobre lo anterior vale la pena realizar. En primer lugar, cuando se habla de seguridad alimentaria la referencia es a “cuando todas las personas –habitantes de un país- tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”.
Desglosando el concepto, el acceso físico implicaría que existe la suficiente producción de alimentos como para dotar a todos de estos, mientras que el acceso social estaría referido a la igualdad en las posibilidades de adquisición de estos alimentos, en tanto que el económico parece más bien vinculado a si la población tiene los ingresos suficientes como para comprar los alimentos que están puestos a su disposición.
Otra observación que pudiera ser válida, es que el decreto, aunque guarda una intencionalidad positiva, no establece ningún mecanismo o instrumento a través de los cuales se va a garantizar la consolidación de la seguridad alimentaria, entendiendo que en un proceso como ese confluyen diferentes voluntades institucionales, tanto públicas como privadas, que no siempre tienen la misma mirada hacia futuro ni los mismos objetivos.
Por último, siendo este un año electoral, es poco probable que se pueda avanzar de manera significativa en este tema de la seguridad alimentaria, pues para lo menos que habrá tiempo es para impulsar de manera integral a los sectores productivos, mucho menos al sector agropecuario que requiere tantos recursos. Pero, ojalá y estar equivocados en esa apreciación y que la producción nacional alcance niveles nunca antes vistos. Pero esa no ha sido la historia que nos han contado.
