Ante la necesidad de cuantiosas inversiones en infraestructuras, muchos países alrededor del mundo, y muy especialmente en Latinoamérica, han recurrido a la figura de las alianzas público privadas (APPs) para ayudar a cerrar dicha brecha.
Las alianzas público privadas son proyectos económicos en los cuales los sectores público y privado se conjugan para ofrecer mayores recursos económicos al sector público, y el respaldo del Estado al sector privado, en una serie de inversiones.
Típicamente, los ejemplos más comunes de APPs han sido carreteras, plantas eléctricas, aeropuertos y otros elementos de infraestructura discreto en el cual la actuación del Estado es clave, pero en los cuales el conocimiento y recursos del sector privado juegan un importante rol. En República Dominicana, el Poder Ejecutivo ha propuesto un proyecto de ley de APPs, cuya finalidad es de establecer un marco legal claro y detallado sobre las APP.
Sin embargo, a pesar de que las APPs son una herramienta muy valiosa y generalmente positiva en el mundo para ayudar al desarrollo de infraestructura necesaria, también hay desafíos que se deben enfrentar respecto a las APPs. El caso de Argentina, uno de los países latinoamericanos que más ha empleado a las APPs, puede ser útil.
Para 2016, Argentina reformó por completo su sistema de APPs (denominados como “participación público-privado o PPP”), con la finalidad de incentivar la inversión en una economía estancada. En este sentido, el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri emprendió en una ambiciosa jornada de licitación de proyectos bajo esta modalidad.
No obstante, a pesar de que el gobierno invirtió cuantiosos recursos y tiempo en identificar proyectos, principalmente en las áreas de construcción de carreteras y desarrollo de infraestructura eléctrica, hacia finales del año 2019, la mayoría de estos proyectos todavía no habían iniciado, y de hecho, se encontraban en franco abandono. Aunque la complicada situación económica de Argentina sin lugar a dudas que ha incidido en esta situación, se ha apuntado a otra situación como la principal causa de esta situación.
Para concretar una APP, es necesario firmar un contrato entre el Estado y el inversionista privado. Sin embargo, si la negociación y las disposiciones del contrato no son equilibradas, pueden producirse situaciones en la que se otorga una concesión para realizar un proyecto, pero el mismo no sea llevado a conclusión por dolencias en el marco contractual. No se trata de favorecer al sector público ni al sector privado, sino hacer un llamado de conciencia de que esta herramienta debe contar con contratos ponderados y negociados en condiciones de igualdad entre las partes.
