España se ha unido este martes al grupo de países europeos que se han adelantado a la OCDE en la aprobación de un impuesto digital para gravar algunas de las operaciones realizadas por las grandes multinacionales tecnológicas por las que en la actualidad no tributan.
En algunos casos, como el de Francia o Italia, el impuesto ya ha sido aprobado, en tanto que el Reino Unido también ha presentado un gravamen y Austria o Alemania tienen impuestos que gravan algún servicio digital.
Estos países se adelantan a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde en enero se llegó un acuerdo para negociar un futuro impuesto que permita gravar a las multinacionales en los mercados donde se encuentran sus clientes, aunque no tengan presencia física en esos países.
El acuerdo incluye el compromiso de concretar la tasa antes de finales de 2020 e implica que Estados Unidos acepta el principio de un impuesto a las grandes compañías del negocio digital, que en su mayor parte son estadounidenses, como Google, Amazon, Facebook o Apple.
De esta forma, estas grandes empresas tendrán que pagar impuestos en todos los mercados donde generen negocio y ya no podrán reducir su factura fiscal radicando su sede en países con menor carga impositiva.
La Administración Trump ha instado a todos los países a suspender las iniciativas individuales para permitir un acuerdo multilateral en la OCDE.
De momento Francia ha congelado su impuesto, aprobado en el mes de enero, para intentar llegar a un acuerdo con EEUU, después de que este país anunciara aranceles por valor de 2,400 millones de dólares sobre productos franceses.
En la misma línea, el Gobierno español ha decidido que “excepcionalmente” el primer pago del impuesto se efectúe a finales de 2020.
El Ejecutivo ha explicado que con esta medida se pretende dar un mayor margen a las negociaciones a nivel internacional, a la espera de que se llegue a un consenso global en los próximos meses, pero también para facilitar la adaptación de las empresas afectadas.
También en el seno de la Comisión Europea (CE) se trabaja en un impuesto de estas características para todos los países miembros, con el objeto de tener una fiscalidad común respecto a la economía digital.
La CE calcula que este impuesto común podría recaudar 6,000 millones anuales en la UE.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la propia ley especifica que, en caso de alcanzarse un acuerdo global para la puesta en marcha de un tributo digital, la normativa española se adaptará a la norma internacional.
Preguntada por si España teme represalias por parte de EEUU por la implantación de este impuesto, Montero ha defendido que las relaciones con EEUU son “fluidas” y que el país conocía la intención del Gobierno de poner en marcha este impuesto, al tiempo que ha circunscrito las medidas arancelarias puestas en marcha a la guerra comercial en materia aeronáutica.
La ministra ha incidido en que los límites establecidos para este impuesto “no son discriminatorios ni por nacionalidad ni por tipo de empresa” y que, además, excluyen a pequeñas y medianas empresas (pymes) y “start ups” (empresas emergentes) digitales.
En el caso del impuesto español, está previsto que su liquidación sea trimestral (salvo en 2020, en el que habrá un único pago a final de año) y que aporte a las arcas públicas 968 millones de euros anuales, menos de los 1,200 inicialmente proyectados por la ralentización de la economía.
Afectará únicamente a las empresas que facturen más de 750 millones a nivel mundial y 3 millones en España, y gravará con un 3% los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
