Un reciente estudio publicado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reveló que la competencia desleal y el contrabando son los factores de mayor incidencia en restar la competitividad al aparato productivo nacional.
Estos factores, netamente de índole jurídico, vienen a reforzar los resultados de otras encuestas y estudios realizados a nivel nacional e internacional, en el sentido de que el sistema judicial de un país tiene la más alta importancia en determinar la suerte de sus inversiones.
En sentido general, las inversiones se llevan a cabo en base a contratos, los cuales son suscritos entre partes que procuran llevar a cabo las disposiciones que contienen. Por igual, las leyes y disposiciones de libre y equilibrada competencia marcan las pautas que permiten que los inversionistas compitan en igualdad de condiciones.
Es por esto que la confianza en el sistema judicial reviste de tan gran importancia en el mundo de los negocios, y en especial, para fomentar la inversión. Es menester reconocer que esta inversión no es únicamente de capital extranjero; el capital dominicano tiene que estar cómodo, sentir que será protegido y que la competencia desleal será sancionada para incentivar el despliegue de capital en el país.
República Dominicana cuenta con un número muy elevado de normas, algunas de las cuales son más idóneas para incentivar la inversión, y otras que no lo son. Sin embargo, para la inversión, el factor más relevante no siempre es el contenido de la norma en sí, sino la forma en que se aplica para asegurar consistencia y transparencia.
El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia ha comentado precisamente este punto, señalando en reiteradas ocasiones que la justicia debe hacer lo posible para atender a los reclamos presentados de manera expedita. Por igual, le compete tanto a la judicatura como al Ministerio Público (Procuraduría) la pronta y correcta aplicación de normas tendentes a asegurar la sana competencia en el mercado.
Por igual, en materia de institucionalidad, el capital de inversión también evalúa las acciones de los tribunales, tanto judiciales como constitucionales, respecto a la forma en que se aplican las decisiones ante situaciones de índole político y frente al Gobierno. Es decir, no solo se trata de aplicar la ley y de dar solución a los conflictos de manera expedita, sino que también le compete a nuestro sistema judicial hacer frente a aquellas situaciones en las cuales intereses ajenos pueden causar daño económico. Si no contamos con un Poder Judicial fuerte e independiente, no contemos con la inversión.
