La Ley de Alianzas Público Privadas (APPs), recién promulgada por el Poder Ejecutivo, busca facilitar el desarrollo de infraestructura y servicios de interés social, al canalizar fondos del sector privado para el financiamiento de infraestructuras.
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Juan Ariel Jiménez, pondera la iniciativa, aunque la considera insuficiente, ya que enfrenta retos que República Dominicana debe superar. Durante una visita a elDinero, el funcionario explicó que “contar con la Ley de Alianzas Público Privadas es algo importante, pero no es suficiente. Son muchos los desafíos que se tienen por delante para que la aplicación sea efectiva”.
Jiménez puntualizó que se necesitan reglas de juego claras, “buenos reglamentos que establezca cada uno de los procesos que se van a seguir, porque la ley es un marco”. Adelantó que ya el MEPyD trabaja en la elaboración de los reglamentos.
Añadió que también se necesitan metodologías adecuadas para la evaluación de riesgos. La clave de una buena implementación de la ley de APPs es una adecuada distribución de riesgos, en un esquema que se ceda parte o la totalidad de riesgos al sector privado, dijo.
Resaltó que los riesgos serán asumidos por la parte que está en mayor capacidad de mitigarlos, que, desde su punto de vista, será el sector privado.
“Anteriormente la mayor parte de los riesgos se los llevaba el sector público y eso fue lo que llevó a una serie de malas experiencias en América Latina y también en República Dominicana”, sostuvo.
“Parte del problema que tiene la carretera Santo Domingo Samaná es que la mayor parte del riesgo se lo lleva el Estado. Entonces en una alianza público privada se deben identificar correctamente y asignar a la parte que tenga mayor capacidad de mitigación”, añadió.
Por otro lado, el ministro indicó que una ley de APPs requiere “buenos proyectos” que beneficien a la población, pero que además sean rentables desde el punto de vista financiero.
En virtud de lo anterior, resaltó que el MEPyD tiene el importante reto de desarrollar metodologías de análisis costo-beneficio a nivel social, económico y ambiental, los cuales justifiquen que el Estado se vea involucrado en los proyectos para su desarrollo y que incluso, llegue a subsidiarlos. “Eso es un reto que tiene el Ministerio de Economía”, sostuvo.
También, otro reto es el análisis de valor por dinero. Se tiene que identificar si un proyecto debe ser desarrollado desde el punto de vista de contratación pública tradicional o como una alianza público privada.
Además, destacó que otros de los desafíos que tiene República Dominicana es buscar mecanismos de financiamiento.
Proceso
Para garantizar un adecuado proceso competitivo, los proyectos se llevarán a licitación pública, sin importar que la propuesta parta de una empresa privada.
En caso de que la iniciativa sea del sector público, se debe solicitar al Comité Nacional de Alianzas Público Privadas que se evalúe el proyecto y que realice la licitación para encontrar una contraparte privada para desarrollar el mismo.
Si la iniciativa es privada, el sector privado propone al Gobierno el desarrollo de la obra de infraestructura o un servicio de interés social para ver si el Gobierno estaría interesado en realizarlo en una modalidad de alianza o que se dejan abierta las dos opciones.
El titular del MEPyD explicó que, una vez adjudicado el proyecto, se establece que el ministerio contratante realice labores de supervisión junto al ayuntamiento que es el contratante.
El ministro aclaró que no hay proyectos concretos para la ejecución, pero que existen obras que han despertado el interés del sector privado
Destacó entre las posibles iniciativas el Puerto de Manzanillo, en Montecristi, el cual facilitaría el tránsito entre la costa Este de Estados Unidos y República Dominicana para mejorar las exportaciones. También la carretera Santiago-Puerto Plata y algunas obras en la provincia La Altagracia debido a su desarrollo turístico.
Plan del MEPyD
El ministro Juan Ariel Jiménez reveló que el MEPyD trabaja en el Plan Nacional de Infraestructura, con el cual busca identificar las obras que necesita República Dominicana para los próximos diez años, como forma de mejorar la competitividad y la productividad y fortalecer la resiliencia para beneficio de las comunidades.
El plan contempla varios proyectos para hacer los estudios de prefactibilidad para cuando se vaya a concretar una alianza público privada se haya hecho las labores de análisis de planificación necesaria.
El plan tiene la visión de que, pese a un cambio de mandato presidencial, las obras se puedan realizar bajo el impulso de la ley de APPs.
Sostenibilidad, un desafío para sectores productivos
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, definió la sostenibilidad como un reto para el sector público-privado, al considerar que las empresas no solo deben crecer, sino hacerlo que forma integral.
Jiménez indicó que una de las características que tiene el desarrollo sostenible es cumplir con una demanda social sin comprometer las generaciones futuras, conjugando lo económico (productividad), ambiental (preservación y resilencia) y el compromiso social (inclusión).
Durante su exposición en el almuerzo que organiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), el ministro del MEPyD resaltó que los sectores productivos deben tener la capacidad para ser uso responsables de los recursos limitados.
En el sentido social, destacó que los países deben garantizar seguridad, inclusión y gobernanza democrática. Citó el caso de Chile, que perdió más de US$3,000 millones en 2019, lo que representa el 1.08% de su producto interno bruto (PIB), fruto de las protestas motivadas por las desigualdades sociales.
En lo medioambiental, enfatizó que el cambio climático es real y que República Dominicana se ha visto marcada por los fenómenos atmosféricos, siendo embestido directamente el sector privado.
El titular del MEPyD sostuvo que en los últimos 40 años, el 60% de las pérdidas por desastres naturales se registraron en la actividad económica (agricultura, industrias y servicios), el 20% en los servicios sociales (vivienda, educación y salud) y el 12% en infraestructuras.
Destacó que los impactos por desastres naturales han dejado daños y pérdidas anuales que van del 1% al 16% del PIB. “Todos los sectores económicos son afectados ante un desastre natural, por eso la sostenibilidad es un reto público-privado”, añadió.
El funcionario hizo hincapié en que el sector privado se encarga de que las naciones prosperen, por lo que la productividad debe estar acompañada de la responsabilidad social y que esta se sienta en los pueblos.
“La responsabilidad corporativa no debe ser un acto de misericordia, sino la incorporación a la estrategia de negocios, presente en la cadena de valor”, insistió.
Destacó algunas iniciativas, dentro de ellas Nuvi, una alianza hecha entre 20 empresas.
