Por Magdalena Sepúlveda
En los Estados Unidos, la gente ha empezado a llamar al fenómeno “Shecession” porque lo ven como una recesión que perjudica a las mujeres mucho más que a los hombres. Y no sólo en los Estados Unidos, donde, a pesar de constituir menos de la mitad de la fuerza laboral, representaron el 55% de los empleos perdidos en abril, siendo las mujeres de color (negras e hispanas) las más afectadas.
La crisis del covid-19 no es ciega al género. Esta situación refleja el hecho de que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por la crisis, como el cuidado de los niños, la educación o el turismo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el 58.6% de las mujeres empleadas trabaja en el sector servicios en todo el mundo, en comparación con el 45.4% de los hombres empleados.
Las mujeres están en la primera línea de la batalla contra el virus. A nivel mundial, el 88% de los trabajadores del cuidado personal y el 69% de los profesionales de la salud son mujeres, que corren mucho más riesgo de enfermarse. En España, por ejemplo, el 71.8% de los trabajadores sanitarios infectados son mujeres.
Ya sea en hospitales o supermercados, estos trabajos son también los menos pagados. En el sector informal, es aún peor. Tomemos por ejemplo el sector muy femenino de las trabajadoras domésticas, el 76% de las cuales no tienen contrato de trabajo. Su fragilidad se ha hecho evidente, ya que la mayoría de ellas han sido completamente abandonadas tanto por sus Estados como por sus antiguos empleadores.
La pandemia también ha puesto de manifiesto la injusta organización social de los sistemas de atención. Incluso antes de la crisis, las mujeres y las niñas que viven en pobreza y las que pertenecen a grupos marginados ya dedicaban 12,500 millones de horas al día a cuidar a otras personas y de su hogar de forma gratuita. Esta cantidad de tiempo se está disparando ahora con el confinamiento de los adultos mayores y la necesidad de cuidar a un número cada vez mayor de familiares enfermos. Aunque la economía ha empezado a reabrir en algunos lugares, los sistemas educativos siguen paralizados, por lo que muchas madres tienen que renunciar a sus empleos. Al mismo tiempo, la violencia doméstica explota, ya que las mujeres son encerradas con sus agresores.
Por lo tanto, ¿cómo se pueden evitar reveses que podrían ser tan desastrosos como duraderos? Deben intervenir políticas públicas más redistributivas: desde el acceso universal a la salud, el agua y el saneamiento, hasta la educación y la protección social, debemos aprovechar la oportunidad para ser más solidarios. También significa reconocer, reducir y redistribuir los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, lo que requiere invertir en servicios públicos de calidad como guarderías, centros de salud y hogares para adultos mayores.
Por supuesto, todas estas medidas exigen una inversión masiva de recursos. En lugar de movilizarlos, varios países en desarrollo se centran únicamente en la deuda externa y la fuga de capitales. Aterrorizados por el aumento en sus gastos, algunos de ellos -como México- optan por continuar con medidas de austeridad fiscal devastadoras. Este es un error que no podemos permitirnos. Con voluntad política y el valor para superar la presión de las élites poderosas, hay muchas propuestas sobre la mesa para asegurar que se recauden más ingresos para un futuro más justo y sostenible. En la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT), de la que soy miembro, hemos identificado cinco medidas clave para lograr una recuperación económica sostenible.
Una de las prioridades debería ser exigir a los gigantes digitales, que han estado a la cabeza de la evasión fiscal, que paguen la parte que les corresponde de impuestos. Irónicamente, ellos han sido los grandes ganadores de la pandemia: las fortunas de Jeff Bezos (fundador y director general de Amazon) y Mark Zuckerberg (de Facebook) combinadas, por ejemplo, crecieron en casi 60,000 millones de dólares en los últimos dos meses. Los países deberían seguir los pasos de la India, el Reino Unido, Francia y muchos otros en la introducción de impuestos progresivos sobre los servicios digitales.
Frente a la presión de muchas multinacionales, que quieren que se reduzcan los impuestos, supuestamente para asegurar la “reconstrucción” de la economía, los gobiernos deberían resistir. Los estudios demuestran que factores como la calidad de la infraestructura, una mano de obra sana y cualificada, el acceso al mercado y la estabilidad política son mucho más importantes a la hora de atraer inversiones. Por otra parte, los recortes de impuestos tienen consecuencias devastadoras para el gasto social, con un impacto directo en las mujeres.
Por último, ha llegado el momento de abordar la cuestión de la transparencia, en relación con los más ricos y las multinacionales. En el caso de las primeras, permitiría a los gobiernos introducir una fiscalidad efectiva de la riqueza, incluida la riqueza extraterritorial. En cuanto a las multinacionales, los gobiernos deben exigirles que declaren en qué países hacen negocios y sus beneficios, para gravarlos en consecuencia. No es aceptable que una empresa que solicita ayuda estatal siga declarando altos beneficios en países con impuestos muy bajos, y pérdidas en países donde concentra el grueso de sus actividades, pero donde los impuestos son altos, para evitar pagar nada. Como ha demostrado Gabriel Zucman -también miembro del ICRICT-, más del 40% de los beneficios internacionales de las multinacionales se declaran en paraísos fiscales, lo que priva a los Estados de recursos preciados.
Esta crisis nos afecta a todos, pero no de la misma manera. Entre los peores perdedores están las mujeres y las niñas que viven en pobreza y los que estaban a una sola crisis de caer en la pobreza. Uno de los aspectos positivos de esta terrible pandemia ha sido que nos ha recordado a todos, e incluso a los gobiernos conservadores -como el de mi país, Chile- que los servicios públicos son preciosos. No sólo salvan vidas, sino que también nos mantienen sanos y aseguran el futuro de nuestros hijos. Es urgente mantener en los Estados los recursos suficientes para reconstruir sociedades y economías que no sólo son más prósperas y resistentes, sino también más equitativas.
Magdalena Sepúlveda es directora ejecutiva de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). De 2008 a 2014 fue la Relatora de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos.
